Minneapolis, Guadalajara, Apizaco

Bernardino Vazquez Mazatzi

Escritor y Periodista

El abuso policiaco es más común de lo que se cree y abarca desde simples ofensas o actitudes déspotas y agresivas hasta la tortura física en agravio del ciudadano al que debieran proteger y servir. Proviene de simples sujetos con uniforme sin los mínimos conocimientos de conducta hasta de agentes ministeriales y en todos los casos el resultado es la violación a los derechos humanos, la humillación, la agresión y en muchos casos, hasta la muerte.

Para nadie es ajeno el argumento de que a la sociedad le da más miedo la policía que el ladrón; cierto, esto es el extremo y forma parte del folclor popular, pero da una idea de cuánta desconfianza ofrecen los oficiales. En México, la imagen de muchas corporaciones estatales pero principalmente las municipales está por los suelos y no es porque la sociedad esté predispuesta al rechazo u obedezcan consignas en su contra, sino que la comunidad sabe de sus excesos, de su incorrecto actuar y de lo predispuestos que están a cambiar de bando: muchas instituciones están abiertamente cooptadas por la delincuencia.

Los esfuerzos institucionales por profesionalizar a las policías no han dado los resultados positivos que se esperaban o, al menos, aún no se obtiene al elemento o a la corporación idónea para servir y proteger de forma adecuada al pueblo. La tarea es muy compleja pues hay que hacer coincidir la técnica, la táctica y el método o en pocas palabras, la el acatamiento a los protocolos, con la puesta en marcha del sentido común, el respeto al individuo y la posibilidad de la buena voluntad de las partes.

Al fallar el protocolo de actuación, ante el temor de verse superado en fuerza y número, ante la ofensa que representa para la institución policiaca el saberse derrotado así sea en una discusión, el policía ya sea de forma individual o en grupo, recurre a la brutalidad y al abuso de autoridad. Los protocolos de poco o nada sirven cuando el oficial se empecina de operarlos aun por encima de su propia seguridad y razonamiento pues en esos entrenamientos y ordenamientos con los que se les capacita no existe el uso del libre albedrio, ni el sentido común ni la posibilidad de aceptar un error. La frase filosófica de “A veces es mejor tener paz que tener razón” es una utopía.

Cualquier protocolo aplicable en los municipios y en el estado de Tlaxcala, en todo México y en cualquier parte del mundo habrían de contemplar por encima de cualquier ordenamiento de tipo legal, la preservación de la vida, la integridad de las personas culpables o inocentes, víctimas o victimarias y desde luego, el respeto irrestricto e indiscutible de los derechos humanos. Sin embargo, cuando los protocolos o esencia de la institución policiaca está por encima de su origen y objetivo social, se pervierte su actuar y se vuelve contra el pueblo.

En Minneapolis, Estados Unidos, en Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco y en Baja California en México, lo que se observa es un claro abuso de autoridad, un manifiesto uso excesivo de la fuerza y un total desconocimiento de las leyes y pleno rechazo a la vida de las personas. El resultado es la muerte de quien sólo pudo haber sido amonestado, o conminado a colaborar en una detención o traslado a un juez cívico. El más humilde ciudadano, el más sencillo e indefenso trabajador se vuelve el más peligroso delincuente en una policía completamente lejana, impropia y ausente del pueblo que le paga su salario y al que insisto, debe proteger y servir.

En Tlaxcala también se han dado casos de abuso policiaco y en algunos municipios es tristemente constante. Hay testimonios que señalan a policías exceder su fuerza y número para someter a un ciudadano por una simpleza. Si bien el sujeto puede estar cometiendo una falta administrativa, que no delito, que pudo estar infringiendo el bando de policía y buen gobierno más no un acto fuera de la ley, los oficiales carecen de capacidad para dialogar, convencer, orientar o conminar a alguien a abandonar su actitud y no saben utilizar el sentido común de aplicar el criterio y mantener el orden sino que aplican la fuerza, la violencia y cometen violación a los derechos humanos. En Tlaxcala también se han dado casos de elementos policiacos infiltrados por la delincuencia.

Como en Estados Unidos, como en Jalisco y como en cualquier parte del mundo, en Tlaxcala están dadas las condiciones para una revuelta violenta como consecuencia del abuso policiaco. En Apizaco hay argumentos, pretextos o presuntos motivos para que por un mínimo error, un acto de excesos o un motivo real o supuesto se desate la violencia social pues ya hay una predisposición o un sentimiento de rechazo a la institución municipal. La corporación no debe medir fuerzas, no debe provocar, no debe pasar por alto la reacción social.

A estas alturas las policías municipales deben actuar, siempre, sin excusas ni argumentos legales o protocolarios, en defensa, protección y servicio del pueblo. Prestarse a reprimir vendedores ambulantes, exhibirse desalojando gente del parque o frente la parroquia o sometiendo a ciudadanos con extrema violencia será la chispa que encienda la mecha con consecuencias previsibles.

Los protocolos de actuación deben ser revisados, corregidos, modificados o ampliados siempre en bien del pueblo. Los diputados deben legislar y los regidores deben hacer algo para inclinar la balanza hacia el pueblo. Por desgracia en Tlaxcala y en Apizaco y otros municipios, eso parece una utopía: un grito en el desierto.