Redacción
Después de un prolongado esfuerzo y movilización que data desde 1992, el día de ayer se aprobó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible en la Cámara de Diputados.
Desde La Alianza por la Salud Alimentaria, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que participamos en el proceso de construcción y articulación de consensos, nos congratulamos por este logro colectivo que se concreta con su aprobación y publicación garantizando el ejercicio del derecho humano a la alimentación para todas las mexicanas y los mexicanos.
La aprobación de esta Ley es un logro histórico resultado del diálogo y el trabajo conjunto que
inició con los integrantes de la LXI Legislatura en el 2011, con las reformas a los artículos 4º y
27 de la constitución. El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo
particular la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible con 420 votos a favor, 0
en contra y 0 abstenciones, sin modificaciones a la minuta aprobada en el Senado de la
República y fue turnada al Ejecutivo para su publicación.
Este instrumento permitirá a México fortalecer el cumplimiento de otros marcos regulatorios
internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Reglamentar el Derecho a la Alimentación es esencial para revertir la grave problemática de
salud alimentaria nacional, que cobra tantas vidas año tras año; nos acerca a la soberanía y
autosuficiencia alimentaria; y contribuye a alcanzar la sostenibilidad tan anhelada en un momento donde el impacto del cambio climático es tan visible.
Con esta acción México se coloca como uno de los países pioneros que, dentro de los 15 países
de América Latina y el Caribe, han consagrado el derecho humano a la alimentación adecuada en su Constitución y desarrollan de manera efectiva el derecho humano alimentación a través de
un Sistema agroalimentario integral con mecanismos para su promoción y protección.
Además, representa un importante avance hacia el alcance de los compromisos internacionales
nacionales, como los establecidos en los ODS de la Agenda 2030, la cual busca modificar el
modelo de desarrollo para el fomento de la igualdad, equidad y dignidad de las personas como eje transformador.
La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es la primera en promover un
enfoque sistémico e integral de todo el sector agroalimentario nacional, sin la creación de nuevas instituciones, duplicidad de funciones e impacto presupuestal. Entre sus fortalezas principales, resaltamos:
● Prioriza el derecho a la alimentación, la salud, al medio ambiente, al agua y protege el
interés superior de la niñez.
● Establece mecanismos para la coordinación, integración y planeación en los diferentes
órdenes de gobierno para establecer acciones que garanticen el derecho pleno a una
alimentación adecuada y sostenible a través del Sistema Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC).
● Fomenta la producción, abasto y distribución de alimentos de manera justa y equitativa
para el consumo de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad y culturalmente
aceptados.
● Fortalece la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria del país.
● Integra las bases de participación social dentro de cada una de las acciones que tengan
por enfoque de derecho a una alimentación adecuada y sostenible.
● Promueve la generación de entornos alimentarios sostenibles en diferentes sectores
sociales para fomentar el consumo informado de alimentos nutritivos.
● Propone un programa de almacenamiento de granos byásicos y semillas en previsión
del desabasto dando continuidad a la cadena productiva del país.
● Fortalece la biodiversidad y agrobiodiversidad en la producción y un mayor grado
posible de autodeterminación de los productores respecto de los insumos y la gestión
de las semillas.
● Incorpora disposiciones normativas con un profundo enfoque de inclusión social, al
promover que al menos un 15% de las compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, se haga directamente con los productores de pequeña y mediana escala de los sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero de nuestro país.
Desde La Alianza por la Salud Alimentaria, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que participamos en el proceso, reconocemos el compromiso de Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de todos los grupos parlamentarios con la alimentación adecuada y sostenible.
