Lorena Cuéllar se pronuncia por salvaguardar el interés superior de la niñez

Se debe abonar al marco jurídico necesario para homologar criterios de protección a los derechos de todos los mexicanos y mexicanas menores de edad.

Zahr Zuleiman

Al considerar que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben salvaguardar el principio del interés superior de la niñez, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros en la máxima tribuna del país fijó su posicionamiento en favor del dictamen en relación a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución.

Lo anterior porque argumentó que existen numerosos casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes que no son investigados adecuadamente, que no son visualizados y en consecuencia no existe sanción alguna.

“Nuestros infantes y adolescentes son víctimas directas del grave clima de inseguridad por el que atraviesa nuestro país, por consiguiente el Estado tiene la obligación de trabajar para que la autoridad vigile de manera puntual el cumplimiento de sus derechos”, sostuvo Lorena Cuéllar.

Las cifras son alarmantes, ya que sólo el mes pasado fueron asesinados 3 niños al día, según el conjunto de Organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia, mientras que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) indicó que el país tiene el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de 14 años, además de la violencia e inseguridad que está dejando a muchos niños y niñas sin familia y completamente vulnerables.

La congresista fijó su postura a favor del dictamen en relación a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguarden el principio del interés superior de la niñez.

Con ello, se estaría continuidad con el proceso legislativo para que la minuta proveniente de cámara de diputados avance y pueda convertirse en una realidad que abone al marco jurídico necesario para homologar criterios de protección a los derechos de todos los mexicanos y mexicanas menores de edad.

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