¿Quién ordena torturar a un detenido? Generalmente la orden viene “de muy arriba”
Bernardino Vazquez Mazatzi/Escritor y Periodista
La extrema violencia y el sadismo sin límites exhibidos en la tortura a una mujer por parte de militares y una elemento de la Policía Federal, si bien escandalizan y muestran el grado de irracionalidad de algunos integrantes de las fuerzas armadas no son nada extraños ni poco comunes en esas instituciones que, se supone, están para proteger a los ciudadanos, para respetar los derechos humanos y para actuar con profesionalismo cuando deban tratar con personas peligrosas, que se han sustraído de la ley o que tengan bajo su resguardo.
La tortura en México, pese al escozor que le causa al gobierno federal, es más común y es aún más violenta que la que exhiben demasiado esporádicamente los medios de comunicación… es una abominable práctica mucho más cotidiana de lo que acusan organismos internacionales que con su denuncia viene la condena y el señalamiento de una nación pobre en cuanto a sus sistema judicial y a la mediocre preparación de sus policías.
Si bien las imágenes mostradas en casi todos los canales de televisión en México y el extranjero causan un enorme sentimiento de frustración e indefensión a la sociedad, si bien la aberrante actitud de los uniformados que se ensañan con una mujer nos dejan claro en manos de quién estamos, quien conozca un caso de tortura o peor aún, quien haya sido víctima de tortura, sabrá que es una experiencia que no se le desea al peor enemigo y que quien la practica puede considerarse poco menos que enfermo mental.
Testimonios de casos de tortura hay en todo el país y en Tlaxcala, en donde la persona suplica su muerte al torturador debido a la intensidad de los golpes, los choques eléctricos y los constantes y prolongados intentos de ahogamiento por sumersión o por sofocación. Quienes han padecido tortura física dicen que las sesiones de violencia son tan intensos que el resultado es continuamente la pérdida de la conciencia y la súplica por el fin de ese infierno al que nadie, absolutamente nadie puede ni debe llegar.
Quienes hablan de ello como víctimas dicen que el final de la tortura no es la confesión o la información que requiere el torturador, sino que concluye hasta que el victimario calma su sed de violencia y su irracional actitud frente a un sujeto indefenso. Añaden que durante la sesión de violencia, el encargado del trabajo sucio a propósito desvirtúa y confunde al detenido para tener pretexto de seguir la agresión.
Al final el detenido ha declarado ser culpable hasta de delitos que no cometió, haber acudido a lugares en donde nunca estuvo y participar en hechos inverosímiles, todo con el fin de satisfacer a su verdugo y poner fin a la extrema violencia de que es objeto ante la incapacidad de la policía por investigar científicamente y ante la complacencia del Ministerio Público y del juez de la causa que no le importa la forma en que declaró del detenido, sino su versión de los hechos misma que ya está firmada a base de golpes y asfixia.
De esa forma se fabrican delitos y se producen delincuentes por docena, de esa forma se maquilla una realidad lacerante como es la inseguridad y la delincuencia y de esa forma el aparato de justicia y el poder justifican sus enormes sueldos e inconmensurable presupuesto anual. No les importa que el finalmente sentenciado sea inocente sino las cifras para el agrado personal, las estadísticas que digan y escuchen sólo al poder…
Ahora bien ¿Quién ordena torturar a un detenido? Generalmente la orden viene “de muy arriba” y tiene también como objetivo la venganza y el mensaje de poder. Un sujeto que es víctima de una detención arbitraria no debe tener ninguna dura de que hay consigna en su contra y casos como estos, son dolorosamente muchos. Y si son muchos, por qué son pocos los casos que se conocen… pues porque después de una madriza a manos de policías no quedan ni ganas ni recuerdos para contar. Quien ha pasado por algo así, incluso se puede decir sobreviniente. De ese tamaño.
De verdad, la tortura en México es, primero, una de las más grandes muestras de ignorancia y debilidad institucional y luego, es una práctica vergonzosamente cotidiana entre un sistema de justicia caduco, inútil e indigno de una sociedad como la nuestra.
