La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara ilegal la reprobación de la cuenta pública de Contla de Juan Cuamatzi
La SCJN sentenció que el Órgano de Fiscalización de Tlaxcala no tiene facultades para revisar recursos federales; con ello, la reprobación de la cuenta pública de Contla carece de validez legal desacata un fallo definitivo del máximo tribunal
Redacción
El pasado jueves 14 de agosto, el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó la reprobación de la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, una decisión que contradice directamente una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado mes de mayo.
En su resolución, la SCJN estableció de manera categórica que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado carece de competencia legal para dictaminar sobre cuentas públicas que incluyan recursos federales. De acuerdo con el máximo tribunal, únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la facultad exclusiva para fiscalizar dichos recursos, mientras que el OFS solo puede intervenir en asuntos relacionados con fondos de origen estatal o municipal.
La sentencia, que pone fin a más de un año de litigio promovido por el municipio de Contla, subraya que cualquier dictamen emitido por el OFS sobre recursos federales carece de efectos jurídicos y no puede servir como fundamento para sanciones administrativas o políticas. La Corte enfatizó que tales acciones responden a intereses ajenos a la legalidad y vulneran el marco constitucional de la fiscalización pública.
Pese a haber sido notificados formalmente de esta resolución, el Congreso de Tlaxcala y el propio OFS procedieron a rechazar la cuenta pública de Contla, ignorando de manera explícita el fallo de la SCJN. Este acto ha sido calificado por expertos jurídicos como un desacato a la autoridad judicial, lo cual constituye una grave afectación al estado de derecho.
El caso revela, además, una irregularidad institucional de fondo. Desde el 2 de diciembre de 2020, fecha en que la ASF retiró el convenio que permitía al OFS de Tlaxcala auditar el gasto corriente con recursos federales, dicho órgano ha continuado ejerciendo funciones que ya no le corresponden. Durante más de cinco años, ha emitido observaciones, recomendaciones y sanciones contra servidores públicos municipales sin contar con la base legal necesaria, lo que configura un patrón sistemático de sobrepaso de facultades.
Este accionar no solo carece de sustento jurídico, sino que también socava la credibilidad de los mecanismos de rendición de cuentas. Numerosos municipios han sido objeto de procesos de fiscalización basados en actos de autoridad sin validez, lo que podría implicar la revisión de múltiples resoluciones emitidas en este periodo.
Autoridades jurídicas han advertido que el desacato a una sentencia de la SCJN puede acarrear consecuencias severas, incluyendo responsabilidades penales o administrativas para quienes participaron en la decisión. En los próximos meses, se espera que la Suprema Corte se pronuncie formalmente sobre este caso, lo que podría derivar en la anulación de la reprobación de la cuenta pública de Contla y en acciones contra los funcionarios responsables.
El episodio marca un precedente preocupante en el ámbito de la fiscalización pública en Tlaxcala, y pone en evidencia la necesidad de fortalecer el respeto a la división de poderes y a las sentencias de los tribunales superiores.
