Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
La información que documenta la corrupción en el estado de Tlaxcala es indignante, vergonzosa e injustificable. En la administración que recién concluye, tanto en el nivel estatal como municipal, se observa un nivel crítico de corrupción e impunidad que en otros momentos y lugares sería motivo del encarcelamiento de muchos alcaldes y otro tanto de servidores públicos.
Pero no va a haber justicia, no hay en Tlaxcala quien defienda al pueblo y acuse y castigue a los malos servidores. En términos crueles y fríos, los Tlaxcaltecas estamos en una total indefensión pues las instituciones y los empleados del pueblo que debieran estar del lado de la sociedad se han convertido en cómplices y partícipes del saqueo al erario y en la traición a la confianza popular.
El Órgano de Fiscalización Superior, la Fiscalía de Combate a la Corrupción o la institución encargada de la protección a los datos personales, las contralorías estatales y de los municipios y los diputados locales y federales y regidores pasaron de ser un estorbo y una carga para el presupuesto a viles cómplices del robo al pueblo. Si ya de suyo algunos de estos siempre han sido un cero a la izquierda y hasta la vergüenza, su silencio e inacción los hace culpables de defraudar a los tlaxcaltecas.
Casos como el de Axocomanitla, donde la presidenta municipal sustituyo al cabildo con directores y hasta con policías, rayan en lo absurdo y en lo estúpido, pues gestionó, permitió y autorizó que gente ajena al cabildo sesionara para tomar acuerdos que le competen sólo al cuerpo edilicio. En ese municipio, como en otros del estado, se cometieron actos constitutivos de delito, sin que, hasta el momento, ninguna “autoridad” se haya pronunciado al respecto en clara complicidad a cambio de grandes cantidades de dinero o ¿cuál otro motivo podría tener ese silencio?
Axocomanitla debe ser punto de referencia de corrupción, abuso de autoridad, impunidad, delincuencia institucionalizada desde la presidencia municipal y enriquecimiento vil. Están documentados actos en los que se violó flagrantemente la ley. No hay justificación para permitir que el ayuntamiento no sesionara en cabildos exigidos por ley, ni para permitir que los regidores no se hayan presentado a sesiones, pero sí a cobrar por meses y meses y tampoco la hay para justificar el gasto de millones de pesos en ogras que simplemente no existen, nunca se ejecutaron, pero “se comprobaron”
Todo esto, que es vergonzoso e indigno por sí mismo, que es inaceptable e injusto, fue permitido por los diputados de la anterior legislatura, por las contralorías municipales y por la estatal, pero sobre todo, por el Órgano de Fiscalización Superior, instancia cuyo fin es precisamente, supervisar la correcta aplicación del dinero público y señalar actos contrarios y hacer público el nombre de quienes roban de forma descarada.
Recuerdo que años atrás, cuando una comisión de X municipio acudió al congreso del estado a denunciar el saqueo de las arcas, después de que a unos diputados se les entregó al documentación comprobatoria del robo, los legisladores dijeron que nada se podía hacer pues el alcalde, acusado de sustraer decenas de millones de pesos, ya se había “purificado” con los diputados y textualmente le dijeron a los inconformes “mientras su presidente ya haya puesto a mano aquí, ustedes pueden ir a hacer berrinche a su pueblo”
Otro ejemplo es el del tesorero de un municipio del sur que acudió al ente fiscalizador estatal en busca de que le palomeara su cuenta final de tres años de ejercicio presupuestal. Entonces el titular, con copa de whisky en la mano, le preguntó de cuánto era el faltante y cuánto llevaba en efectivo para pagar el favor. Son 25 millones la diferencia y le traigo 800 mil pesos. Entonces el funcionario rio a carcajadas. Ve por una cantidad que valga la pena y cuando regreses me dices si quieres que se apruebe tu cuenta. El tesorero, con anuencia y cooperación del alcalde, regresó, llevaba cuatro millones de pesos en efectivo: su cuenta no tuvo problemas.
Así es como se maneja la corrupción, la complicidad, la impunidad y la riqueza vergonzosa desde el poder y entre quienes se supone, deberían defender al pueblo.
Por eso creo que la sociedad en Tlaxcala está en la indefensión y a merced del poder que no escatima en esfuerzos para proteger a los saqueadores a cambio de grandes cantidades de dinero pues se dice en el argot político que el arte está en saber repartir para callar bocas y para inmovilizar manos. Hasta esta fecha, no hay ninguna señal positiva de que este cáncer que se llama corrupción vaya a terminar ni se ven intenciones siquiera de que se piense en poner en práctica acciones a favor del pueblo.
Las instituciones burocráticas que cuestan millones y millones de pesos anuales al pueblo y que fueron creadas para combatir la corrupción y el saqueo siguen operando de forma normal, es decir, en total impunidad, silencio, complicidad y al servicio de autoridades corruptas. Que desgracia para Tlaxcala.
