Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
Para el estado, en el caso Tlalcuapan se ha aplicado la ley, pero eso no necesariamente significa que se haya hecho justicia. La aplicación de la ley hace legal hasta lo aborrecible e inconcebible; recordemos que la esclavitud era legal pero brutalmente injusta; en algunos países la muerte por lapidación para mujeres infieles es legal, pero no es justa. No puede ser justo aquello que magnifica y amplifica la violencia en cualquiera de sus formas, que deja a un lado el dialogo y el acuerdo.
La aplicación de la ley, por fuerza, debe primero atender y entender aquello que genera la violencia y analizar las consecuencias de las omisiones que generan o que conllevan a la comisión de algún acto considerado delito que después quiera justificarse como defensa propia o como último recurso o como única opción. Es decir, además de la aplicación de la ley, se debe recurrir a la historia y a los antecedentes que obligaron a la comunidad a defenderse o a actuar de tal forma que se viera obligada a cometer algo que, desde la ley, debe ser penado.
En el caso de las poblaciones de la montaña, y de aquellas que se rigen por usos y costumbres, la aplicación de la ley debió tener primero como prioridad la justicia entendida como atención a sus necesidades históricas en materia de seguridad pública, de obras públicas, de atención y respeto por parte de las autoridades municipales y estatales. A esas comunidades se les ha ignorado de forma constante y permanente, se les ha ocultado y se les rechaza su petición de mejores condiciones de vida.
Cierto, nada justifica el asesinato de un individuo, culpable o no; nadie puede ni debe hacerse justicia por propia mano, más aún porque no sería justicia, sino venganza o brutalidad colectiva. No se justifica una acción tan cruel como la ejecutada ese 15 de abril: pero se explica porque por esos días, semanas y meses antes, los medios de comunicación dieron cubertura a la exigencia, pedimento y súplica, por seguridad. Se hablaba de asaltos constantes, de la actuación de la banda de la moto negra. Incluso los directivos de las escuelas de Tlalcuapan, los padres de familia y la presidencia de comunidad, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar una escalada de inseguridad: nadie les hizo caso.
Nada justifica el linchamiento, nada. Pero lo explica la falta de respeto hacia los pueblos originarios por parte de las autoridades arrogantes, ignorantes, corruptas e incapaces. Los pueblos de la montaña no tienen la atención ni el apoyo ni los servicios que exigen, que merecen, que necesitan. Cierto, no se debe argumentar esto como motivación, justificación o explicación para futuros linchamientos o actos violentos, pero esto sí debe ser una llamada de alerta para que los gobiernos reflexionen y rectifiquen pues no hacerlo implica la repetición de esos actos abominables pues no se ha atacado el origen de la violencia colectiva.
En Tlaxcala, puede ser que se haya aplicado la ley, pero ahora habrá que hacer justicia y que estas, ley y justicia, alcancen a quienes verdaderamente fueron causantes directos del linchamiento en Tlalcuapan, pero también a quienes lo permitieron por omisión, por ignorancia, por miedo, por incompetencia o por negligencia. Hasta ahora nadie ha tocado a las autoridades del municipio de Chiautempan que ese fatídico día no actuaron. Tuvieron tiempo, hubo la posibilidad cierta y certera de impedir esa atrocidad, alguien no dio la orden, a alguien le valió nada lo que estaba pasando; alguien o algunos en Chiautempan no son aptos para gobernar y a ellos también se les debe fincar responsabilidades por omisión.
Si hay que aplicar la ley y si hay que impartir justicia que sea parejo. No es justo que a alguien o a algunos se les proteja, se les cuide o se les exente de responsabilidades en acto de lesa humanidad. Aplicar la ley sólo a un lado es tan injusto como el hecho mismo del linchamiento y es tan condenable como la irracional forma de quitarle la vida a un ser humano.
Los linchamientos, los actos de venganza o presunta justicia popular van a seguir pues no se está atacando lo que los origina que son, la desconfianza en las autoridades encargadas de aplicar la ley e impartir justicia, la falta de atención a las necesidades de obra, de seguridad y respeto al pueblo por parte de los gobiernos estatal y municipal y la inseguridad que es responsabilidad del Estado.
Así es que, por desgracia, esta historia va a continuar, con otros personajes y en otras locaciones, en cualquier parte del estado y en cualquier momento, pero la historia continuará.
