Inédita situación política y social es la que se vive en la comunidad de Guadalupe Ixcotla, donde hoy despachan dos presidentes de comunidad. Por un lado, el legal Cruz Hernández Pérez, elegido en su momento para un periodo de dos años y cuatro meses; por el otro, el legítimo Crispín Pluma Ahuactzi, quien por usos y costumbres hubo de relevar al primero porque así lo decidió la ciudadanía.
Esa situación es posible precisamente porque aunque hay poblaciones a las que les es reconocido conducirse por usos y costumbres, es cierto también que esos actos sociales pueden chocar con pared cuando se enfrenta a lo legal. Y legalmente, no se han aportado pruebas contundentes para que Cruz sea destituido, dado que ni siquiera el Congreso se ha pronunciado al respecto.
En el caso de Ixcotla, hasta ahora la máxima autoridad que ha atendido el tema es el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y en su resolución, “declaró parcialmente cumplida la sentencia dictada respecto del caso de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, toda vez que el alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, ha informado de sus gestiones realizadas, entre ellas convocar a Cruz Hernández Pérez como presidente de comunidad a las sesiones de cabildo, exhibir cheques a favor de esta misma autoridad y entregar sellos”.
“Sin embargo, en lo que hace al edificio público que ocupa la presidencia de comunidad y el vehículo automotor que es utilizado para coadyuvar con la seguridad pública de esa jurisdicción, el alcalde refirió que no le es posible entregarlos al actor debido a la existencia de un conflicto social. Por tal razón, los magistrados electorales exhortaron al Cabildo de Chiautempan para que dentro de las facultades que le otorga la Ley Municipal de Tlaxcala, coadyuve a la gobernabilidad de esa Comunidad. Asimismo, ordenaron dar vista con las constancias conducentes, a los titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección de Gobernación y Desarrollo Político, para que dentro de sus facultades y obligaciones previstas en la ley, realicen las gestiones que estimen pertinentes para la solución del conflicto social existente dentro de Guadalupe Ixcotla”.
Así, en términos prácticos el TET se lavó las manos porque ni siquiera pudo tampoco resolver de fondo el problema, de tal manera que el conflicto prevalece y mientras el Ayuntamiento de Chiautempan “nade de muertito”, la confrontación seguirá.
La comuna sarapera no desea tener problemas con la población de Ixcotla en general, por eso es que reconoce prácticamente de manera moral a Crispín Pluma, pero tampoco quiere incurrir en una violación legal y por ello extenderá lo más posible la gestión de Cruz Hernández, hasta lo más cerca posible del fin de su periodo para el que fue electo: dos años y cuatro meses que concluyen en abril de 2019.
Sin embargo, también es cierto que parte de la población – por no decir la mayoría – se está cansando cada vez más de las presuntas “tranzas” de su presidente de comunidad legal, de tal manera que en una última intentona un grupo de líderes sociales emplazaron a la intervención del Gobierno del Estado y del Poder Legislativo de Tlaxcala, de lo contrario – advirtieron – el descontento social podría desbordarse.
La estrategia ahora son los señalamientos de que Hernández Pérez podría estar involucrado en el desvío de recursos sobre una obra pública ejecutada y cuyo costo fue de 12 millones de pesos, en 2017, aunado a más colas que le pisen. Ya veremos en qué termina este nuevo capítulo.
Mientras tanto, continúan despachando dos autoridades comunales y los más afectados son los ciudadanos, principalmente en materia de seguridad, pues los robos han ido a la alza.
