Participó en el V Foro sobre Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León.
Redacción
“Es determinante que el Estado, garantice mejores condiciones al derecho a ser madre, pero si la decisión es al contrario, la autoridad misma tiene que generar las condiciones para que se garantice que ninguna mujer sufra riesgo si decide interrumpir su embarazo”.
Así lo expresó, la Diputada Federal por Tlaxcala, Claudia Pérez Rodríguez, quien participó en el V Foro sobre Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León.
En su intervención, la Legisladora por Morena, aclaró que no se promueve la práctica de la interrupción del embarazo; “tampoco estamos ante un método de planificación familiar, la pretensión es evitar la muerte de mujeres que enfrentan la vida en condiciones adversas para convertirse en madres”.
Subrayó en Morena “queremos que las mujeres decidan de forma libre sobre su propio cuerpo, que el Estado garantice la decisión que la mujer tome en torno al embarazo y que exista el respaldo de las instituciones de salud, sin el riesgo de ser victimizadas y criminalizadas”.
Lamentó que la propia historia revela que por la interrupción del embarazo muchas mujeres han sido sentenciadas y cuantas más han cumplido una condena a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por ello, expresó que es primordial que las mujeres “tengamos la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y reproducción”.
“Hoy, a más de diez años de discusión sobre el tema legislativo del la interrupción del embarazo, la gran mayoría de las legislaciones en materia penal contemplan supuestos en los que es posible la interrupción del embarazo, pero esto no es suficiente”, sostuvo.
En este tenor, fustigó el hecho de que en México, se registren un millón de interrupciones del embarazo al año, y sin importar que en una tendencia inquisitiva y retrograda se pretendan incrementar las penas, esto no va a impedir esa práctica”.
Citó que el problema de fondo es que el derecho a interrumpir el embarazo, es un problema de justicia social; quienes disponen de los medios acudirán a un servicio médico privado con todo el cúmulo de medidas de seguridad que impidan a la paciente correr riesgos.
Finalmente, indicó que la gran mayoría de mujeres que acceden a ese mecanismo, se tendrán que conformar con diversos métodos que pongan en riesgo su vida, que en caso de sobrevivir, a la postre se exponen a perder su libertad.
