Gerardo Santillán
La Coordinación de Bienestar Animal recibió 67 denuncias por maltrato, tres de las cuales fueron graves, durante el primer semestre de este 2023 y las cuales fueron turnadas a las procuradurías de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y General de Justicia del Estado, según sea el caso, para su desahogo.
Así lo informó Estefany Pérez Bustamante, coordinadora de la dependencia defensora de animales, quien precisó que 25 casos fueron atendidos directamente por su ofician y el resto por los municipios, toda vez que estos ya cuentan con facultades para atender casos de esta índole.
“Hemos recibido 67 denuncias, de las cuales 27 ya fueron atendidas por nosotros y después de que firmamos convenio con la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, las otras han sido turnadas a la Propaet o ayuntamientos porque es importante mencionarles que los ayuntamientos que tienen reglamento vigente son competentes para atender esas situaciones”.
Dijo que la mayoría de las denuncias que reciben son por animales amarrados, porque no reciben alimentación, agresiones del dueño y entre ejemplares, es decir peleas, y tres casos de agresiones graves, los cuales atendieron de manera oportuna entre el día siguiente y tres días. Aclaró que aún tienen pendientes por atender casos en algunos municipios que están relacionados con temas agropecuarios, con vacas y cerdos, específicamente.
Pérez Bustamante explicó que luego de recibir una denuncia, personal de la coordinación de Bienestar Animal y de la Propaet, acuden a una primera visita para verificar el hecho y cerciorarse del estado de salud del animal y de no tener una situación muy complicada se emite recomendación para que la condición mejore, pero si en una segunda visita no cambian, se imponen sanciones de acuerdo a la Ley.
“Sanciones económicas y cuando sean más complicadas como la de Tlaltelulco y Tetlatlahuca ya rebasan la competencia de la Propaet o de la Coordinación por lo tanto lo remitimos a la Procuraduría General de Justicia para que en su momento el Ministerio Público determine un delito y ya generar una sanción de pena corporal. Las sanciones económicas varían, de acuerdo a la Propaet y los ayuntamientos, pues es el juez municipal y está competente, y está desde 30 UMAS hasta 200”.
