Gerardo Santillán
En lo que va de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha abierto tres carpetas de investigación por el delito de trata de personas y, aunque recibió ocho denuncias más de tipo anónimo, en ningún caso se iniciaron investigaciones formales.
Así lo reportó el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos con datos obtenidos vía acceso a la información y que, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, reflexionó que esas cifras “no reflejan la realidad que vive Tlaxcala respeto a la problemática, ya que es difícil denunciar ese tipo de delitos que es mucho más grave”.
En un pronunciamiento, enumeró que de 2021 a 2024 se han contabilizado 260 mujeres y niñas desaparecidas, activándose solo 10 protocolos Alba y 23 alertas Amber.
Además de que en lo que va del presente sexenio estatal se han detenido a 35 tratantes, la mayoría oriundos de Puebla y Tlaxcala.
Y en lo que va de 2025, se han registrado cuatro hechos emblemáticos en que autoridades y gobiernos han expuesto que la cultura patriarcal donde se inserta la trata con fines sexuales, sigue vigente y no se ha transformado a pesar de la existencia de un Programa Estatal contra la Trata de Personas.
Estos fueron la licencia e investigación – en curso – contra el primer regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala por violentar a su pareja, el 13 de marzo; el festejo del Día de la Madre Trabajadora del SNTE 31 el 8 de mayo, con la participación de un payaso comediante vinculado a proceso judicial por acoso sexual, con espectáculos llenos de mensajes misóginos y sexistas.
Así como el show con bailarinas exóticas para celebrar el Día del Padre organizado por el Ayuntamiento de Contla el 26 de mayo; y la detención del exdirector de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), por abuso sexual contra un menor de edad.
Fray Julián Garcés es una asociación civil sin fines de lucro que acompaña a grupos comunitarios para fortalecer sus procesos organizativos, de denuncia e incidencia comunitaria, legislativa y de política pública, con el fin de generar cambios frente a las problemáticas de trata de personas para la explotación sexual y la devastación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac.
