Redacción
Por tercer año consecutivo, el Congreso del Estado aprobó la cuenta pública del Poder Ejecutivo, que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al determinar que esta soberanía hizo una aplicación adecuada de los recursos públicos que le fueron asignados, de acuerdo con el trabajo de auditoría realizado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El informe elaborado por el OFS constituyó la base técnica para que las y los diputados locales, en pleno uso de sus facultades, realizaran la dictaminación correspondiente, misma que resultó aprobada por unanimidad, atendiendo las disposiciones legales, contables y administrativas vigentes.
Al respecto, el documento muestra que el Ejecutivo estatal cumplió con la correcta administración pública del Estado, al destinar los recursos para obras y acciones, aplicados con estrategia económica, a través de su presupuesto y del manejo eficiente de los recursos públicos, lo que permitió estimular las diversas actividades productivas de la entidad.
Además, la programación y presupuestación del gasto público se orientó al cumplimiento de los programas que se autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de ellos.
Muestra de ello es que los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la muestra revisada de obra pública, todas fueron autorizadas, y 94.75% se encontraron terminadas, 4.99% en proceso y 0.26% no iniciadas.
Asimismo, de las 381 obras realizadas, incluidas en la muestra, 65.09% fueron construcciones, 31.76% fueron rehabilitaciones, y 3.15% fueron ampliaciones, lo que refleja el compromiso de la administración a cargo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de elevar el nivel y la calidad de vida de la población con infraestructura que reduzca los rezagos sociales.
En sus recientes giras de trabajo por los municipios, la mandataria estatal ha manifestado su interés por garantizar un ejercicio eficiente y trasparente de los recursos públicos para atender de manera eficaz las necesidades de la población en materia de salud, educación, bienestar social, vivienda, seguridad, nutrición, desarrollo económico, y obra pública y servicios, entre otras.
Por ello, es que, derivado de las políticas de racionalidad y austeridad aplicadas en su gobierno, ha podido respaldar con recursos adicionales a los municipios, sin distingo de colores, para lograr una justicia social en favor de quienes más los necesitan.
La fiscalización, a cargo del Poder Legislativo, incluyó los recursos obtenidos por ingresos derivados de fuentes locales y federales en 2023, y para ello se seleccionaron 14 dependencias a las que se practicó auditoria, a fin de revisar la gestión financiera de los recursos recibidos o captados, y verificar si sus operaciones cumplieron con la normatividad y con las metas y objetivos establecidos.
Estas instituciones fueron: la Secretaría de Gobierno (Segob), la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Secretaría de Turismo (Secture), la Secretaría de Educación Pública (SEPE), la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Bienestar, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES), la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), y la Secretaría de Infraestructura (SI).
Cabe mencionar que los criterios de la revisión incluyeron: Control Interno, Transferencia de Recursos, Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa, Ejercicio y destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios., Transparencia del Ejercicio de los Recursos, y Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, entre otros.
