Redacción
En congruencia con los principios de honradez, legalidad, eficiencia, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, en Sesión de Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA), el magistrado presidente y las magistradas determinaron ajustar el gasto a las disposiciones constitucionales federal y local.
A propuesta del magistrado presidente del TJA, Manuel Vázquez Conchas y con el respaldo de las magistradas Luz María Vázquez Ávila y Martha Zenteno Ramírez, decidieron ajustar las partidas presupuestales del capítulo 1000, salarios y prestaciones, las cuales estuvieron vigentes desde la creación de este órgano jurisdiccional (en el año 2018) y hasta el 31 de diciembre del año 2025.
La determinación se inscribe en el proceso ordinario de inicio del ejercicio fiscal; es decir, una vez que entra en vigor el decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, el pasado 1 de enero, es cuando el Pleno del TJA debe realizar la revisión, aprobación interna y aplicación de los instrumentos de ejecución necesarios para su correcta implementación en nómina, control presupuestario y gestión administrativa.
En este sentido, se informa que ya han sido aprobados los instrumentos de ejecución aplicables al ejercicio fiscal 2026, mismos que ya fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del estado.
Tal y como lo informó el magistrado presidente, Manuel Vázquez Conchas, en entrevista colectiva realizada y publicada por diversos medios de comunicación, con fecha 17 agosto del año 2025, el Tribunal a su cargo inició desde entonces el análisis técnico de ajuste al esquema de percepciones y de los componentes vinculados al capítulo de servicios personales.
Esa medida, explicó en su momento el magistrado presidente, sería con la finalidad de atender observaciones que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) había hecho a este Tribunal en ejercicios fiscales anteriores a su encargo como presidente y que nunca se habían atendido y para realizarse a partir del ejercicio fiscal 2026.
En ese mismo encuentro con los medios de comunicación y en un acto de transparencia, el magistrado presidente explicó que la revisión implicaría el análisis en la configuración del gasto y el comportamiento del presupuesto institucional, con el propósito de alinear el esquema remuneratorio a parámetros de disciplina financiera y control, en concordancia a las reglas constitucionales y legales, para cumplir con la obligación de respetar los límites máximos y criterios de proporcionalidad en remuneraciones y también con las disposiciones que establecen estabilidad durante el encargo, de modo que las adecuaciones debían instrumentarse mediante decisiones técnicamente consistentes y jurídicamente viables.
Con estas acciones, el Tribunal refrenda su compromiso de conducir el gasto público con transparencia y trazabilidad administrativa, asegurando que las decisiones internas sean acordes con la función jurisdiccional, el grado de especialización requerido y con los parámetros constitucionales, privilegiando en todo momento la eficiencia institucional y el interés público en favor de las y los justiciables.
