El saneamiento de los ríos y sus afluentes en la Cuenca del Alto Atoyac: deuda histórica del Gobierno

Redacción

Siete años han pasado desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 10/2017 Sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes. En ese documento, la CNDH indica que las causas principales de la contaminación de dichos ríos, entre otras, son:

• La creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región.

• Que los cuerpos de agua reportan contaminantes químicos y biológicos provenientes de aguas residuales industriales.

• Que la contaminación rebasa los Límites Máximos Permisibles establecidos en la normatividad ambiental.

La recomendación establece tres puntos fundamentales, que no se pueden perder de vista. El primero, que determinó la existencia de la relación entre la contaminación y enfermedades en la zona, dándonos la razón a las comunidades en lo que hemos denunciado desde hace más de 20 años; el segundo, que las autoridades siempre tuvieron conocimiento de la situación y han aplicado medidas insuficientes o han sido omisas; y en tercer lugar, que en un plazo de seis meses debía celebrarse un convenio de coordinación interinstitucional para diseñar y ejecutar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la Cuenca que tomara en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que quisieran participar, el cual fue reducido a un Plan de acciones de Saneamiento (PAS) que no es más que una serie de “metas anuales” por dependencia, dispersas entre sí.

Es importante señalar que hasta ahora, de acuerdo a la información existente en el expediente de seguimiento a la recomendación CNDH 10/2017, ni los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, ni los municipios, han cumplido en su totalidad las recomendaciones que aceptaron cumplir.

A siete años de haberse emitido la Recomendación, constatamos que la contaminación industrial se ha agravado, teniendo fuertes impactos en la salud a través de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la leucemia aguda y la enfermedad renal crónica, entre otras, evitables si se hubiera querido actuar bien y a tiempo. Esto se constata en el Primer Informe Estratégico, Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; Problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, elaborado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), donde se afirma que las enfermedades y muertes en la región tienen un vínculo con la exposición a tóxicos que provienen de las industrias asentadas en la Cuenca; que las industrias de los ramos automotriz, eléctrico, químico y textil son las que tienen más emisiones de contaminantes; que en todas las regiones de Tlaxcala que integran la Cuenca, la tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica, en personas de entre 15 y 49 años, es de 1.2 hasta 4.7 mayor a la media nacional; que la contaminación no es exclusiva de los ríos u otros cuerpos de agua, sino que se habla de la contaminación de toda la Cuenca, incluyendo el aire, la tierra y el agua. Todo esto, en su conjunto, confirma la devastación generada por una política de industrialización desregulada.
 
Esta emergencia sanitaria y ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac, se agravará si en el legislativo se aprueban leyes que no garantizan los derechos humanos al agua y a su saneamiento, si se excluye a los comités comunitarios en la gestión del agua, y si se omite la responsabilidad de las industrias en cuanto a la extracción del agua y su tratamiento en la totalidad de los tóxicos que éstas generan.
 
Un peligro más respecto a la devastación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, son los planes y programas de ordenamiento territorial –el de la cuarta zona metropolitana del país Puebla+Tlaxcala y los planes municipales– en los que no se cuida el saneamiento ni se previene una mayor contaminación en la Cuenca y de quienes habitamos en ella, sino que se organiza el territorio de manera que se facilite la instalación de la industria y la urbanización salvaje.
 
Ante ello, y en el marco del Día Mundial del Agua, desde el Centro Fray Julián Garcés, demandamos:

1. Establecer leyes en las que se priorice la conservación del agua para los ecosistemas y para las personas, garantizando el respeto a las formas de gestión comunitarias y a su vez, el derecho humano al agua.

2. Cumplimiento real de la Recomendación 10/2017 de la CNDH, que no se base únicamente en trámites administrativos, pues ello genera una reincidencia gubernamental en la violación a nuestros derechos humanos.

3. Establecer mecanismos de regulación del uso de agua y de la emisión de sustancias tóxicas por parte de las industrias.

4. Que se elabore un ordenamiento territorial integral de la Cuenca del Alto Atoyac, con participación ciudadana real, como lo establece el Acuerdo de Escazú. Este ordenamiento debe tener como base la actual situación de devastación socioambiental y tener como objetivo la preservación de los recursos existentes, así como a su progresiva recuperación donde han sido afectados.