El agua contaminada en Tlaxcala
Rafael Salas Vázquez
Tlaxcala tiene cientos de enfermos renales debido a la mala calidad del agua que consumimos. Las aguas de Tlaxcala han sido contaminadas y a los gobernantes de ayer y hoy poco les ha importado. Las políticas públicas han sido totalmente contrarias al bienestar social y por su cortedad de miras cumplen con todos los requisitos para ser consideradas delitos ambientales. En esta gran emboscada contra el pueblo, están involucrados por acción u omisión autoridades de todos los niveles y empresas de todos los tamaños. Al final de cuentas, los ciudadanos somos los que pagamos los platos rotos y somos también los que tendremos que revertir el daño pues queda claro que los que están al mando no son capaces de resolver este añejo problema.
Podemos dividir la problemática en 4 grandes temas: 1. La visión incorrecta de cómo atraer y mantener la industria; 2. La falta de financiamiento y coordinación entre actores clave; 3. La corrupción y la falta de supervisión y; 4. El incumplimiento flagrante de la ley.
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La visión incorrecta de cómo atraer y mantener la industria:
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Tlaxcala debe dejar a un lado la búsqueda de empresas contaminantes. No podemos dejar que vengan a hacer su cochinero a cambio de unas cuantas plazas laborales.
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Cantidad no es calidad. Más empresas no forzosamente significa mejor calidad de vida para los tlaxcaltecas. Y menos si son empresas irresponsables que evitan cumplir con su responsabilidad. Ese tipo de empresas no nos sirven.
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El gobierno del estado de Tlaxcala debe esmerarse por atraer empresas con verdadero compromiso social y medioambiental. Un buen filtro sería pedir que tengan un certificado del Sistema B[1], quien promueven a nivel global empresas con el perfil responsable que tanto nos hacen falta.
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No pueden venir empresas nacionales ni mucho menos extranjeras a dañar el medioambiente. Si nosotros como mexicanos quisiéramos instalar una empresa contaminante en Europa sería imposible, pero ¿por qué sí hay empresas europeas contaminando Tlaxcala?
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La falta de financiamiento y coordinación entre actores clave:
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Dinero sí hay, el problema es que no se está invirtiendo como se debe, y eso se debe a una falta de coordinación. En específico, aún no se cumple con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala[2].
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Derivado de esa recomendación, hace unos meses se firmó el Convenio Marco para el Saneamiento del Río Atoyac entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, así como los municipios colindantes con el río y sus afluentes. Sin embargo, aún no vemos reflejado avance alguno.
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El tamaño del problema ha crecido a niveles nunca imaginados, y de igual tamaño deberá ser la solución. Ello implica invertir miles de millones. Habrá que ser muy creativos en los instrumentos financieros, pero no descartemos la emisión de un bono verde[3] o la creación de una Asociación Público Privada[4] que gestione de forma más eficiente todo el tema.
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Las empresas deben ser las primeras en comenzar a sanear sus descargas, luego los ayuntamientos. En este camino la sociedad debe también colaborar y racionar su consumo, así como estar al corriente en los pagos. No se vale exigir el servicio de agua potable si no pagamos a tiempo.
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La corrupción y la falta de supervisión:
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De 2009 a 2019, sólo se habrían sancionado a 17 empresas de las 287 que habían hasta entonces[5]. En gran medida se debe a la corrupción que impera en el sector.
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Actualmente los municipios pagan a la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT) para que ésta sanee sus aguas, sin embargo, la CEAT sencillamente sub opera las plantas tratadoras existentes, es decir, les cobra pero no sanea el agua.
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CONAGUA en Tlaxcala sólo tiene 2 supervisores para cubrir todo el estado, eso es terrible, pues no se dan abasto para cumplir con esa tarea.
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La corrupción es la que ha permitido que se asienten en Tlaxcala empresas contaminantes, que no se paguen por los servicios de saneamiento, alcantarillado o potabilización, también ha propiciado la expedición de permisos y concesiones que no debieron haber sido. Todo esto debe desterrarse de una vez por todas.
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El incumplimiento flagrante de la ley.
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El marco legal es claro, pero aun así no hay resultados satisfactorios. Hay leyes[6], reglamentos, normas, manuales y disposiciones de todo tipo para evitar el daño a nuestro ecosistema, aun así, no hay voluntad política para hacer valer la ley.
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Ciudad Industrial Xicohténcatl I, II y III, con sus respectivas Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado (CAPACIX), han incumplido sistemáticamente en sanear el agua que vierten al Zahuapan. Sólo así se explica la inconmensurable cantidad de metales pesados y materiales tóxicos que están en nuestro río[7].
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Las actuales plantas tratadoras fueron construidas con recursos propios del gobierno del estado Tlaxcala, con aportaciones federales, pero los municipios están obligados a responsabilizarse como por la extracción y el saneamiento, no puede ninguna autoridad de ningún nivel ser omisa.
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