Redacción
Con el propósito de respetar, reconocer, promover, proteger y garantizar la figura de candidatura común, además que los partidos políticos con registro local a pesar de haber perdido su estatus nacional, mantengan sus derechos, garantías y prerrogativas, por ello el diputado José Luis Garrido Cruz, presentó una iniciativa para adecuar diversas disposiciones de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala.
La iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria de este jueves, en tanto el Legislador argumentó, por un lado, que aún y cuando los partidos políticos hayan perdido su estatus nacional, pero que conservan su registro local, no pueden ni deben ser considerados como institutos de nueva creación.
De lo anterior, al justificar que se encuentran representados en la asamblea legislativa local, y segundo, ya obtuvieron más del tres por ciento de la votación inmediata anterior, por lo que podrían coaligarse sin menoscabo alguno con todo el financiamiento respectivo en la elección próxima venidera.
Por ello, precisó que en su iniciativa se recogen los derechos adquiridos por los partidos políticos que conservaron su registro local, debiendo obtener por ley todas las prerrogativas para poder seguir participando en la vida política del Estado, sin quebranto de ningún derecho adquirido.
Asimismo, reiteró que las alianzas electorales, en forma de coalición, son un mecanismo que ha demostrado ser útil en la vida política del país, por lo que mediante reformas es previsible un fortalecimiento en la vida democrática del Estado.
En este sentido, propuso establecer en la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, que si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, pero haya obtenido su registro como partido político local, podrá suscribir la solicitud de registro de convenio de candidatura común en la elección de que se trate.
Finalmente, la propuesta planteada por Garrido Cruz fue turnada a su expediente parlamentario para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.
