Redacción
Entre el 22 y el 26 de octubre pasados se realizó la XII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Como lo anunciamos en su momento, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, A.C. y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., acudimos ante este Tribunal ético y de debido proceso para denunciar que, a más de un año de haber vencido el plazo para que las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 de la CNDH, establecieran un mecanismo para que, en colaboración con las empresas contaminantes en la cuenca y las organizaciones de la sociedad civil que lo deseáramos, construyéramos juntos un Plan de Restauración Ecológica de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Este Plan habría de incorporar también, según la CNDH, medidas de satisfacción, de restitución y garantías de no repetición del daño para la población afectada en las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que hoy suman más de tres millones de personas.
En la Audiencia denunciamos, por principio, que es sumamente grave el hecho de tener que presentar este caso por segunda vez, en virtud de que ya habíamos presentado una denuncia contra las autoridades en la Audiencia Pública de 2006, realizada en la ciudad de México. De hecho, en esa audiencia, el jurado del Tribunal recomendó, en su veredicto:
Exhortar al grupo de empresas industriales que están contaminando las aguas del río Atoyac, que se comprometan, en conjunto con la autoridad ambiental y las organizaciones civiles, en el diseño y puesta en marcha de un plan de rehabilitación de la cuenca del río Atoyac.
A pesar de que en marzo de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a autoridades federales, estatales y municipales lo mismo que recomendó el TLA en 2006, y de que todas las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 aceptaron todos sus puntos recomendatorios, incluyendo el de conformar un mecanismo de diálogo con la sociedad civil para diseñar e implementar un Plan de saneamiento de la cuenca que efectivamente resolviera la crisis ambiental y de salud que vivimos, pero además, que restituyera a toda la población afectada el goce del ejercicio pleno de todos los derechos humanos que han sido violados, además del derecho al saneamiento del agua, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la información.
Desde la emisión de la Recomendación 10/2017, hicimos pública nuestra voluntad y disposición de participar en el diálogo con las autoridades para hacer realidad un Plan de
saneamiento que detenga las descargas de residuos industriales tóxicos en nuestra cuenca y que garantice la atención de todas las personas cuya salud ha sido afectada por la exposición crónica a las decenas de sustancias contaminantes que vierten las más de 20 mil 400 empresas industriales asentadas en ella en los estados de Puebla y Tlaxcala.
De hecho, desde que fue emitida la Recomendación de la CNDH, en marzo de 2017, el único esfuerzo serio de propuesta de una solución real a la crisis social y ambiental en la cuenca Atoyac-Zahuapan la hicimos las organizaciones que suscribimos, desde septiembre de 2017, la Propuesta comunitaria de saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, la cual elaboramos a partir de un diálogo honesto con varias comunidades y grupos sociales de la cuenca. Esa Propuesta la hicimos pública y la entregamos a todas las autoridades recomendadas, sin excepción, junto con dos solicitudes manifestando nuestro deseo de participar en el diseño del Plan de Saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
En la exposición de nuestra denuncia ante el TLA demostramos que las autoridades recomendadas, encabezadas por la Comisión Nacional del Agua, no han dado respuesta efectiva a ninguna de nuestras solicitudes de participación, a pesar de que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, con toda claridad, que para garantizar el derecho humano al agua, el Estado debe garantizar también la existencia de modalidades de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. En el caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan, las autoridades siguen hoy violando nuestros derechos humanos, pero hoy la situación es mucho más grave, porque las autoridades saben cuáles son las consecuencias de su incumplimiento: en la cuenca muere de cáncer una persona cada cinco horas y si agregamos los fallecimientos debidos a la insuficiencia renal y los abortos espontáneos, la frecuencia aumenta a un deceso cada cuatro horas por alguna de estas causas.
Las autoridades del gobierno federal saliente y de los gobiernos estatales y municipales en turno, así como la mayoría de las empresas industriales asentadas en la cuenca son corresponsables de una grave simulación que pagamos las y los pobladores de la cuenca con nuestra economía, nuestra cultura, nuestra salud y, en última instancia, con nuestra vida. Por ello, el jurado internacional del Tribunal Latinoamericano del Agua decidió, en su segundo veredicto sobre el caso:
Deplorar “profundamente el que, a pesar de su recomendación de 2006,1 retomada a su vez por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación 10/2017, las autoridades mexicanas, en sus tres niveles de gobierno sigan siendo omisas y negligentes en la resolución del problema de la contaminación del agua en la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan, hecho que ha provocado su agravamiento, como los serios impactos en la salud de la población”
Asimismo, el jurado del TLA responsabiliza “al Estado mexicano, que al promover un modelo urbano, industrial y agroproductivo y extractivista que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en los
ríos, cuerpos de agua y acuíferos, con graves impactos en la salud humana, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas y, como consecuencia, ha incumplido en sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda al medio ambiente y sobre todo ha afectado a los grupos sociales más vulnerables como son los pueblos indígenas y campesinos”.
En virtud de esas consideraciones, el Tribunal Latinoamericano del Agua decidió:
1. Exhortar al grupo de empresas industriales que están contaminando las aguas del río Atoyac, a que se comprometan conjuntamente con la autoridad ambiental y las organizaciones civiles en el diseño y puesta en marcha de un plan de rehabilitación de la Cuenca del río Atoyac, y que las autoridades conozcan e incorporen la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades como un aporte a solución de la crisis ambiental y social en la cuenca.
2. Solicitar a las autoridades electas, atención prioritaria a la crisis de la cuenca Atoyac-Zahuapan, garantizando la participación efectiva de los científicos comprometidos con la sociedad y de las comunidades afectadas en la deliberación y la toma de decisiones. En el mismo sentido, recomienda aprovechar el momento de debate de una propuesta de Ley General de Aguas, en donde se reconozca la preminencia del derecho humano al agua y la preservación de las cuencas como unidad socio-territorial elemental sobre el uso mercantil y privado del agua.
3. Solicitar al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU y al relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos, relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU, que realicen visitas especiales en la cuenca para verificar la actuación de la industria privada en el territorio de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Hay un hecho adicional que deseamos destacar de la audiencia del TLA en Guadalajara: además del caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan, en la audiencia pública se presentaron tres casos mexicanos más:
* El de la contaminación y las afectaciones a la salud de la población en la cuenca del lago de Chapala, en Jalisco
* El de la contaminación ocasionada por el derrame de sulfato de cobre provocado por la empresa Buenavista del Cobre, en 2014 y las consecuentes afectaciones a la población de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora
* El de la violación de los derechos al agua y al territorio de los pueblos indígenas de los Valles Centrales de Oaxaca, afectados por una veda que, mientras impide a las comunidades aprovechar el agua, otorga el derecho irrestricto de extracción de agua a las empresas mineras, especialmente la Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso.
Todos los casos presentados en la audiencia del TLA convergen en el señalamiento de las graves afectaciones a la salud de la población, a la economía y la cultura de las comunidades y pueblos son producto de una actuación (o falta de ésta) de la principal autoridad del agua en el país: la Comisión Nacional del Agua.
Tuvo un enorme significado también el hecho de que en la audiencia estuvieron presentes las autoridades de la Comisión Nacional del Agua para responder las denuncias de las organizaciones y comunidades de Chapala, Sonora y Oaxaca, desde el director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago, hasta los directores técnicos de los organismos de cuenca del Noroeste y Pacífico Sur, quienes expusieron la postura oficial respecto a las denuncias de las organizaciones y respondieron preguntas de los integrantes del jurado.
La gran ausencia fue la del Organismo de Cuenca Balsas de la Conagua y de la Dirección Local de Conagua en Tlaxcala, que no se presentaron a la audiencia a responder por las acusaciones de las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan respecto a su reincidencia en la violación de los derechos humanos de más de tres millones de personas y su omisión de convocar a la formación de un grupo interinstitucional —con participación de la sociedad civil— para diseñar e implementar un Plan de Saneamiento de la cuenca.2 Sería útil para promover la transparencia, que las autoridades de la Conagua explicaran su ausencia para responder a nuestra denuncia ante el TLA, si estuvieron dispuestas a responder los otros tres casos mexicanos presentados. De ninguna manera sería aceptable que alegaran desconocimiento de la celebración de la audiencia, puesto que el Tribunal Latinoamericano del Agua se encargó de comunicarlo oportunamente a todas las autoridades con anticipación. Por ello, a la audiencia se presentaron representantes de Conagua en Jalisco, Sonora y Oaxaca, pero no de Tlaxcala, Puebla o Cuernavaca, sede del Organismo de Cuenca Balsas.
La ausencia de las autoridades responsables evidencia, una vez más, que a las autoridades recomendadas no les importan las consecuencias del vertimiento diario de más de 778 toneladas de contaminantes en nuestros ríos y afluentes.3 También expresa el encubrimiento doloso que las autoridades hacen de la industria establecida en la cuenca y de la constitución de una arquitectura de la impunidad para las empresas que vierten todo tipo de sustancias tóxicas en nuestra cuenca y el desinterés oficial por atender la crisis de salud de los pobladores de la cuenca, especialmente los grupos más vulnerables, como son los infantes, las mujeres y las personas de la tercera edad.
En virtud de todo lo anterior, comunicamos a ustedes que, en breve iniciaremos nuevas acciones, algunas de las cuales indicamos a continuación:
1) Iniciaremos una campaña de información en las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan, sobre la celebración de la Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua para hacer del conocimiento de las comunidades el veredicto del Jurado Internacional del TLA, que reivindica nuestro derecho a participar en el diseño del Plan de Saneamiento de la cuenca.
2) Solicitaremos a las autoridades federales electas, que entrarán en funciones el 1 de diciembre próximo, una audiencia para darles a conocer el veredicto del Tribunal y exigir atención prioritaria a la crisis ambiental, de salud y de derechos humanos agravada por la
simulación institucional de todas las autoridades recomendadas por los veredictos del TLA en 2006 y 2018 y por la Recomendación 10/2017 de la CNDH.
3) Solicitaremos al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU y al Relator Especial sobre las Obligaciones de Derechos Humanos, Relacionadas con la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos de la ONU, el Sr. Baskut Tuncat, que visiten el próximo año la cuenca Atoyac-Zahuapan y atestigüen, de primera mano, las consecuencias de la simulación del gobierno mexicano.
Durante más de 16 años hemos luchado por la justicia social y ambiental en la cuenca Atoyac-Zahuapan. Nuestra lucha ha generado consciencia pública dentro y fuera del país sobre los mecanismos mediante los cuales las autoridades de todos los niveles de gobierno han privilegiado el interés privado por encima de los derechos humanos de las comunidades de la cuenca, así como las consecuencias que esta actuación desviada del Estado mexicano ha propiciado la enfermedad y la muerte de miles de personas durante el tiempo en que ha dejado de actuar para proteger el medio ambiente, la salud de la población y las condiciones mínimas para una vida digna de las generaciones presentes y futuras.
Nuestra lucha no ha terminado, pero sabemos que, al final, la justicia llegará para las comunidades. La impunidad no puede seguir siendo la norma de actuación del Estado y, así como lo exigimos a las omisas autoridades salientes, lo exigiremos al gobierno que empezará en diciembre. Las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan merecemos la vida digna que teníamos antes. Nuestra lucha es parte de esa vida digna que queremos para todas y todos.
Atentamente.
¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
Coordinadora por un Atoyac con Vida Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, A.C. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
