Cuestionan propuesta de Ejecutivo de retirar fondos a organizaciones civiles para realizar proyectos sociales
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Más de 200 organizaciones con trabajo en respuesta al VIH y temas concomitantes consideran que la medida puede afectar metas en materia de salud pública a nivel nacional e internacional.
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Las medidas podrían provocar un retroceso en la respuesta al VIH de por lo menos una década; así como el incremento de la pandemia con su consecuente repercusión en las finanzas de salud pública.
Redacción
Ante el reciente anuncio de la supresión de fondos destinados a las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan proyectos sociales por parte del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, organizaciones que han trabajado en la respuesta al VIH y temas concomitantes por más de tres décadas señalaron que la situación podría derivar en la pérdida de entre 10 y 20 años de trabajo articulado en la materia.
En un manifiesto, firmado por más de 200 organizaciones, se recordó que desde hace décadas las comunidades afectadas por el VIH se han organizado de diferentes maneras como asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones de base comunitaria, redes, personas afectadas, entre otras figuras, para dar respuesta a la situación.
Las organizaciones firmantes indicaron que a lo largo de más de 30 años han construido capacidades técnicas para hacer eficiente el uso de recurso públicos y lograr que las estrategias de alcance comunitario, los proyectos de prevención combinada, las estrategias dirigidas a las poblaciones clave y las dirigidas a las personas con VIH cumplan sus objetivos.
Sumado a que dicha estrategia responde a recomendaciones internacionales de organismos como el Programa Conjunto de la Naciones Unidas para el VIH/sida, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
A través del documento, las organizaciones suscritas expusieron que los recursos asignados al desarrollo de proyectos sociales por parte de organizaciones de la sociedad civil en respuesta al VIH y temas relacionados han sido “modestos”, pues representan $777, 129, 511.00 pesos desde 2006 hasta 2018, en tanto que, la inversión total para hacer frente a la situación ha sido de $2,500,000,000.00 de pesos anuales, según datos de la revisión de Medición de Gasto en Sida en México de la Secretaría de Salud.
Con estos recursos además se han realizado distintos estudios, evaluaciones y análisis indispensables para la respuesta al VIH por distintas instituciones públicas y privadas, tales como el INSP Instituto Nacional de Salud Pública.
Además de resaltar que dichos proyectos sociales no son programas asistenciales, sino que derivan de una licitación pública de proveedores altamente especializados en servicios de prevención provistos por entidades privadas (OSC), y su objetivo es llegar a población clave de difícil alcance y en contextos de vulnerabilidad y de vulnerabilidades acumuladas.
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Por lo tanto, descartaron ser intermediarias ya que los proyectos que implementan con diferentes sectores de la sociedad son propuestas, evaluadas por terceros, expertos en el tema a través de un robusto sistema de evaluación ciega, una plataforma denominada SMAP (Sistema de Monitoreo de Actividades en Prevención), una herramienta de monitoreo y evaluación de proyectos a distancia, tanto en los aspectos técnicos como los financieros, que permite, entre otras cosas, revisar de manera automatizada las facturas y recibos con el SAT para verificar si son apócrifas o no, que se complementa con auditorías anuales del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación, tanto al Censida como a algunas OSC
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En 2030, México debe alcanzar las metas nacionales, regionales e internacionales para que el sida deje de ser un problema de salud pública y se logre una generación libre de sida. Sin embargo, en caso de no recibir recursos públicos, las organizaciones no pueden llevar a cabo acciones como la promoción de la adherencia al tratamiento antirretroviral e intervenciones de distinta índole, incluidas las que tienen que ver con la educación; estrategias con mayor impacto en la población; por ejemplo, acciones preventivas dirigidas a poblaciones de difícil alcance y en contextos de vulnerabilidad, hechos que generarían un retroceso de una o más décadas en la respuesta al VIH a escala nacional., así como el incremento de nuevos casos.
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México será la sede de la 10ª Conferencia Internacional de VIH y Ciencia, que reunirá a 6,000 científicos de todo el mundo para presentar y analizar los avances más recientes al respecto, México había sido reconocido como modelo mundial por estrategia de Financiamiento Público de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la prestación de servicios y la implementación de proyectos preventivos para VIH y otras infecciones de transmisión sexual
Por lo anterior, las más de 200 organizaciones de la sociedad civil con trabajo en respuesta al VIH y firmantes del manifiesto exigen al gobierno mexicano:
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El cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, con instancias regionales e internacionales para lograr una generación libre de sida.
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La publicación de la convocatoria anual del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida para que las poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad accedan a servicios y estrategias preventivas.
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Diferenciar a las organizaciones que son intermediarias y no cumplen con los compromisos adquiridos, de aquellas que son parte de la respuesta nacional contra el VIH y han permitido avanzar en la atención, control y prevención en relación al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
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Evitar generalizaciones y acusaciones de corrupción dirigidas a todas las organizaciones de la sociedad civil.
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Comprometerse en el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía y garantizar la existencia de servicios y proyectos preventivos de VIH apegados a las estrategias recomendadas en el ámbito internacional, entre ellas, la participación significativa de las personas afectadas y organizaciones civiles.
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Establecer una mesa de diálogo, basado en evidencias con la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida para definir un plan de largo plazo de respuesta al VIH, que incluya el financiamiento público para las estrategias donde las organizaciones civiles tienen ventaja comparativa
