Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
Nadie en su sano juicio podrá decir que está a favor de la violencia y esta no debe ser siquiera una última opción ni una alternativa en ninguna situación o circunstancia. Los recientes acontecimientos violentos en el estado de Tlaxcala hablan de que algo no está funcionando o está funcionando mal. Los estallidos sociales demuestran ausencia de capacidad para dialogar, para llegar a acuerdos, para coincidir y para poner el orden.
Bajo el pretexto o argumento de aplicar la ley se deja de hacer justicia. Se da paso a la represión y a la criminalización de la protesta como forma de anular una explicación o una justificación que busque justificar la falta de atención a las comunidades de la montaña o a los nuevos o viejos problemas de impartición y administración de la justicia en Tlaxcala.
Hoy por hoy y sin permiso de discusión, la desconfianza, el rechazo y el repudio al aparato judicial es vergonzosamente grande y real. Los niveles de aceptación a la probidad, profesionalismo y eficiencia de los ministerios públicos, de los jueces y de las policías de investigación, estatal y municipal son mínimos; existe una animadversión a veces hasta innecesaria e injusta que raya en el desprecio a las instituciones y de esos sentimientos y percepciones se nutre la violencia.
Cierto es que el asesinato de un individuo en Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, es reprobable, aborrecible, inconcebible, pero es también el resultado del abandono en que los gobiernos de todos los partidos políticos y tiempos han tenido a los pueblos de la montaña. No se justifica así la violencia irracional: se explica. Por décadas los pueblos de la montaña han significado votos. La cultura de los pueblos ancestrales sólo son folklor. Sus formas de gobierno y sus costumbres son curiosidades, algo bonito, que a veces les sirve a los gobernantes para la foto…
Ningún gobierno les ha hecho justicia. Los políticos y gobernantes no conocen su lenguaje, su forma de percibir las cosas, su visión de la sociedad, su concepto del respeto, de la educación y otros valores. En los pueblos originales tienen otro significado la palabra, la lealtad, el honor, el compromiso, la ley y la justicia. Y bajo el criterio de pueblos originales, de culturas puras y de sociedades con una organización diferente deben ser tratadas; esas culturas merecen respeto, atención, dialogo y el trato a esas comunidades debe ser justo sin que se violen sus garantías ni se trasgreda su forma de vida.
En el gobierno actual no hay un interlocutor válido que sirva de enlace, puente y traductor entre el poder y el pueblo indígena. Nunca lo ha habido, no suficiente ni tan importante para las partes. En ese sentido, debió haber la suficiente sensibilidad, capacidad y responsabilidad del gobierno estatal y municipal para impedir el linchamiento en Tlalcuapan. No actuaron y esos gobiernos también son culpables por omisión. No es justo ni normal que sólo se culpe a esos habitantes por ajusticiar a un real o supuesto delincuente cuando el gobierno de Chiautempan hizo poco y ese poco lo hizo mal en esa fecha fatal.
Cómo explicar, qué lógica se puede o debe seguir para entender que el pueblo de Tlalcuapan, víctima de la delincuencia, acabara siendo victimario y qué se puede decir para convencer de que el presunto ladrón, siendo victimario, terminó siendo víctima. Cómo aceptar que se deba aplicar la ley sólo a una parte de las muchas o de las otras que también tuvieron mucha responsabilidad en la muerte de ese sujeto. Alguien se está intentando lavarse las manos.
Y así cómo el caso de Tlalcuapan, en los días recientes, en diversos puntos de Tlaxcala se han estado viviendo situaciones de extrema violencia que han provocado el enfrentamiento de la sociedad civil con la policía. Intentos de linchamiento se ven en diversos lugares y son clara muestra de que algo no funciona bien, que algunos no hacen su trabajo y otros lo hacen mal. El rechazo a la autoridad, la animadversión a las autoridades y la desconfianza en las instituciones se traduce en violencia y agresión, en la toma de la justicia o venganza por mano propia.
Tlaltelulco, Teolocholco, Xiloxoltla, Xaltocan, Xicohtzinco, Muñoztla y otras comunidades y municipios son testimonio de que en Tlaxcala se recurre a la violencia ante la incapacidad de las partes por dialogar y llegar a acuerdos. Es ya común que la violencia sea el recurso, la opción y la alternativa para intentar poner orden e imponer la paz así sea disfrazada. Pero no se está atacando el origen del problema.
Y lo peor es que no hay visos de que las cosas cambien en el estado. Así es que brotes de violencia y confrontación entre el gobierno y el pueblo seguirán siendo lo que sigamos viendo hasta que se nos vuelva normal, o al menos hasta que dejemos de creer que estamos viviendo en una sucursal del paraíso.
