Redacción
En un pronunciamiento, el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, señaló que la situación de violencia que continuamos viviendo las mujeres en el mundo es lamentablemente grave, así lo evidencia también el estudio publicado el martes pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y ONU Mujeres, donde se afirma que “una media de más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia”. Todos los ámbitos de la vida están atravesados por esta terrible violencia de género.
Si bien la violencia es mundial, se expresa de manera particular en lo local. Durante las últimas décadas, familias de víctimas y sociedad civil hemos denunciado la violencia concreta que se vive en Tlaxcala: desapariciones, feminicidios, acoso, violencia sexual y trata de mujeres y niñas, entre otras. La continuidad de estas violencias son resultado de una falta de implementación de políticas públicas contundentes que generen una verdadera prevención de la violencia sexual en todas sus expresiones; que protejan y atiendan integralmente a las víctimas, y que sancionen a los victimarios.
Las administraciones gubernamentales en las últimas décadas se han conducido bajo una lógica de simulación, es decir que en la formalidad aprueban leyes y políticas públicas, pero ellas no se aplican o se hace de forma muy limitada. En este sentido, nos preocupa que, a más de un año de gobierno de la actual administración, encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros, teniendo decretada una alerta de violencia de género y habiéndose aprobado el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022- 2027, la existencia de políticas públicas no se traduzca en su aplicación efectiva que desestructure el problema de la violencia contra las mujeres.
Nos preocupa también la posición gubernamental que minimiza la realidad de las problemáticas para salvaguardar la imagen del estado, como sucedió en febrero de este año, cuando la gobernadora estatal señaló que la trata de personas había disminuido 83% en el estado de Tlaxcala, siendo que en las comunidades se sabe que las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y los mismos corredores de explotación, como lo es la Vía corta Chiautempan-Puebla, siguen activos.
Las averiguaciones previas interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, no deben utilizarse como un indicador del decremento de la problemática, pues por ejemplo, durante este año, Tlaxcala solo ha reportado al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, un caso de trata -que en realidad es una Averiguación Previa- pero al revisar los medios de comunicación resulta que de enero a octubre de este año se han detenido, por diferentes instancias de procuración de justicia, a 13 hombres señalados por trata de mujeres, originarios de los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte Teolocholco, Xicohtzinco y Zacatelco, además de la persistencia de la trata que se conoce en las comunidades.
Así, las políticas actuales parecen, en la práctica, actividades desarticuladas, y sin dirección. El pasado 11 de septiembre, por ejemplo, en medios de comunicación se publicó que la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas del Gobierno de México, en una reunión con autoridades de Tlaxcala, acordaron la creación de un refugio de atención a víctimas de trata, pero nada se dijo sobre crear Modelos de atención a víctimas de trata de personas, siendo que, en tanto se construye un refugio y se tiene el personal capacitado y especializado en la problemática, es urgente que las y los servidores públicos implementen medidas adecuadas que garanticen la seguridad y la atención de las víctimas, aun cuando ellas decidan no denunciar.
Por otra parte, a finales del mes de octubre se difundió que el Consejo Estatal contra la Trata de Personas “aprobó las acciones propuestas por el Grupo de Prevención que consisten en la impartición de un curso a servidores públicos de los 60 municipios; creación de un directorio e instituciones, organismos y dependencias; y la elaboración de campañas de concientización”. Estas acciones muestran tres debilidades importantes: 1. No se articulan a lo aprobado en el Programa Estatal contra la Trata; 2. Se vuelve a centrar la acción gubernamental en la capacitación, sin que después se midan los impactos frente a la problemática; y 3. Insisten en las campañas de concientización, a pesar de que academia y sociedad civil hemos insistido que la concientización y prevención requieren de procesos educativos permanentes. Para que los municipios asuman las tareas que les corresponden frente a la trata de mujeres se requiere más que una capacitación con elementos generales.
Desde el acercamiento con los Institutos Municipales de la Mujer de 12 municipios, a quienes entregamos, junto con los grupos comunitarios que acompañamos desde el Centro Fray Julián Garcés, una Agenda de acciones frente a la violencia y la trata de mujeres y niñas, identificamos, entre otras, las siguientes dificultades: cuentan con pocos recursos económicos, tienen poco personal, no tienen espacios adecuados para dialogar con las víctimas, desconocen sus facultades y obligaciones respecto a estás problemáticas, consideran que las dependencias estatales están saturadas para apoyarles y los materiales que les proporcionan son pocos para la población en sus municipios.
Con todo ello como antecedente, y en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, exigimos públicamente al gobierno del estado de Tlaxcala, y particularmente al Consejo Estatal contra la Trata de Personas que:
Implemente de manera integral el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 – 2027.
Se proponga desde el Ejecutivo y se apruebe en el Congreso el presupuesto suficiente para su operación en siguiente Ley de Egresos.
El Consejo Estatal determine a la brevedad un Mecanismo de seguimiento de operación del Programa Estatal referido.
Vigile que cada institución encargada de implementar el Programa avance de forma coordinada lo que le corresponde.
Establezcan plazos en los que serán desarrolladas las actividades planteadas, pues existe el riesgo de que estas se aplacen, lo cual favorece la operación y expansión de las redes.
Dejen de minimizar el grave problema que existe respecto a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y se creen mecanismos académicos para estudiar la situación, pues solo dimensionándola en su justa dimensión es que se enfrentará de manera adecuada.
Se desarrollen con urgencia acciones educativas, coordinadas por la Secretaría de Educación Pública del Estado, que transformen la mentalidad masculina explotadora o demandante de mujeres y niñas víctimas de trata.
En los municipios se dejen de otorgar licencias de funcionamiento a antros, bares, moteles y otros negocios en los que pueda llevarse a cabo la explotación sexual de mujeres.
Que el análisis de la acción gubernamental, tenga como base los indicadores de impacto establecidos en el Programa Estatal, pues es a partir de estos que se puede conocer las transformaciones positivas reales que se están dando frente al problema.
