Construirán 10 mil 500 viviendas accesibles en Tlaxcala para atender demanda de “vivienda adecuada”
Sedatu, Infonavit, Gobierno del Estado y municipios se coordinarán para alcanzar esa meta sexenal que tendrá una inversión de 6 mil millones de pesos
I. Carolina Campos
En Tlaxcala se construirán, durante los próximos tres años, 10 mil 500 viviendas de interés social y destinadas a familias vulnerables, como parte del programa “Vivienda para el Bienestar” que operan la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Infonavit, en coordinación con el Gobierno del Estado, cuya inversión rondará los 6 mil millones de pesos.
Para ese objetivo, esta mañana se llevó a cabo la firma del respectivo convenio entre la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, y la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, quien puntualizó que la ONU ya amplió el derecho de vivienda digna a vivienda adecuada, conformada por siete componentes.
Estos se refieren a instalaciones seguras; con acceso a servicios básicos; con accesibilidad; sustentables; cercanas a centros laborales, de salud y educativos; accesibles económicamente; y enfocadas a familias en reales condiciones de vulnerabilidad.
De las 10 mil 500 viviendas proyectadas como meta sexenal en la entidad, 4 mil 500 serán destinadas a población derechohabiente del Infonavit y 6 mil para no derechohabientes. En tanto que 28 municipios serán abarcados, pero autoridades estatales y municipales deben dar las facilidades administrativas y aportación de suelos, precisó por su parte el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda de Tlaxcala, David Guerrero Tapia.
Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, informó que los trabajos de construcción iniciarán entre febrero y marzo a nivel nacional, en dependencia de los predios que ya se tengan disponibles física y jurídicamente. La primera meta nacional son 55 mil viviendas y el 20 por ciento de ellas será destinada a jóvenes de 18 a 30 años que estudien o trabajen.
Y para integrar a la población beneficiaria, se dará prioridad a habitantes en zonas de alto riesgo para reubicarlos, que estén hacinados y atender los polos de desarrollo para evitar asentamientos irregulares. Serán los servidores de la nación adscritos a la Secretaría de Bienestar, los que hagan el levantamiento de expedientes de los solicitantes.
“Y si la demanda es mayor a lo que vamos a construir, una vez definiendo una población prioritaria, pasaremos a un sistema de insaculación, específicamente entre población no derechohabiente, porque los derechohabientes ya tendrán acceso”.
