Chiautempan, ejemplo de “depredación” de recursos públicos por laudos

Detrás de muchos de los laudos ganados por extrabajadores de ayuntamientos, organismos públicos y Poderes, existen trampas legales y complicidades inconfesables que involucran a servidores públicos

Envía CEDH al Congreso iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que buscar atajar esa problemática

Gerardo Santillán

Al dar a conocer una iniciativa de reforma a los artículos 11 y 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, que busca terminar con la “depredación” de recursos públicos por laudos laborales impagables para las instituciones, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio, ejemplificó a los ayuntamientos de Chiautempan, Zacatelco, Apizaco, San Pablo del Monte, Huamantla, Tetla y Teolocholco, como los de serios problemas en ese sentido.

Dicha iniciativa que envió este viernes al Congreso del Estado – junto con otras dos –, busca establecer como causa de juicio político contra un funcionario, el que actúe de manera negligente u omisa para defender los intereses de la institución pública que represente dentro de un procedimiento de carácter civil, penal, laboral, administrativo o su similar.

Lo anterior, debido a que los laudos laborales se han convertido en compromisos impagables para instituciones de los tres poderes de Gobierno, por lo cual la propuesta es tendiente a evitar que continúe “la depredación de los recursos públicos por omisiones deliberadas y complicidades impresentables” de los propios funcionarios, quienes litigan a perder ante la Junta Local o Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

En el caso específico de Chiautempan, actualmente enfrenta unas 153 demandas laborales y laudos que en conjunto representan alrededor de 70 millones de pesos por pagar, de acuerdo tanto con el alcalde como con la síndico, Antonio Mendoza y Belén Vega, respectivamente.

Mixcoatl Antonio indicó que “la corrupción, el tráfico de influencias, la simulación y la complicidad entre abogados litigantes y funcionarios públicos insensatos que colocan sus intereses personales por encima de los de la institución pública que representan, son factores que sin duda han propiciado y agravado la problemática de los pasivos laborales”.

El ombudsman tlaxcalteca advirtió que “detrás de muchos de los laudos ganados por extrabajadores de ayuntamientos, organismos públicos y Poderes, existen trampas legales y complicidades inconfesables que involucran directamente a servidores públicos con funciones de mando”.

Así lo revelan las deficientes defensas legales, las omisiones y la deliberada negligencia con que responden las instituciones públicas ante los señalamientos de la parte actora en las demandas de tipo laboral. Los conflictos legales de tipo laboral se han convertido en una vía de enriquecimiento cuando la parte demandada es una entidad de la administración pública.