Avanza a Comisión de Juicio Político responsabilidad de exalcalde de Santa Cruz Tlaxcala

También la del caso del exedil de Panotla

Zahr Zuleiman

A la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, le fue turnado el expediente CE/001/2017 que tiene que ver con el determinar la responsabilidad del exalcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Lauro Martín Hernández de los Ángeles, por haber desacatado un mandato judicial.

La Comisión Especial de Diputados conformada para ver ese caso, definió en sesión de este martes pasar por el Pleno del Poder Legislativo la votación para turnar a la Comisión de Juicio Político el expediente, derivado del juicio de protección de los derechos del ciudadanoTET-JDC-033/2016, promovido por la entonces síndica María Vianey Ortega León contra el exedil de Santa Cruz Tlaxcala, quien además de no pagarle sus emolumentos le negó la información de la cuenta pública

En el informe, el diputado local y presidente, Arnulfo Arévalo, dio cuenta que el pasado 19 de marzo tuvo lugar la segunda reunión de trabajo se aprobó por unanimidad de sus integrantes el cierre del expediente CE/001/2017, y que se remita a la Secretaría Parlamentaria, mesa directiva y a la comisión instructora para efectos del artículo 26 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el estado de Tlaxcala.

Por lo que hace al caso del exmunícipe de Panotla, Saúl Cano Hernández, derivado del juicio TET-JDC-012/2016 y su acumulado TET-JDC-30/, por también privar de sus salarios a miembros de quien fuera su cuerpo edilicio, también fue turnado a la Comisión de Juicio Político para que determine cuál es su responsabilidad.

En su momento, los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala, resolvieron que ambos exediles incurrieron en desacato judicial pues a pesar de que el TET les ordenó reponer los salarios a sus funcionarios, estos hicieron caso omiso a pesar de que estaban dentro del presupuesto de egreso de sus respectivos municipios, por lo cual dieron vista al Congreso local para que determinará lo que a derecho corresponda una sanción.

De acuerdo con la experiencia de algunos diputados locales, de encontrarse culpables, a ambos exalcaldes les sobrevendría una sanción administrativa – económica o una inhabilitación para ejercer el servicio público.