Redacción
El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad la desincorporación de diversos bienes inmuebles del Patrimonio Público del Estado con el propósito de donarlos al “Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar”, una iniciativa de alcance federal orientada a garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada, conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las y los legisladores de la LXV Legislatura respaldaron la entrega, a título gratuito, de tres predios al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: siendo el primero “La Cañada”, ubicado en Ocotlán, municipio de Tlaxcala; una fracción del Lote Veinte del Ex Rancho “Las Ánimas”, en Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala; y una fracción del terreno conocido como “Teocholco”, situado en San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.
Con esta decisión, el Poder Legislativo se suma a los esfuerzos del Gobierno de México para avanzar en la meta de construir un millón de viviendas en todo el país, beneficiando especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Al aprobar estas Iniciativas enviadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Congreso reafirma su compromiso con la población tlaxcalteca, la cercanía con las causas sociales y la generación de resultados tangibles.
Además, se resaltó que la edificación de viviendas en estos terrenos generará empleos directos e indirectos, gracias al movimiento de materiales, contratación de servicios y desarrollo de infraestructura básica, lo que se traducirá en una derrama económica sostenida para la región norte-centro del estado. Esta acción también impulsará actividades como el turismo ecológico, el comercio local y los servicios, en concordancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que prioriza el acceso a vivienda digna y la entrega de títulos de propiedad.
Los tres Proyectos de Decreto, presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, fueron iniciados por la titular del Poder Ejecutivo estatal. Una vez avalados por el Pleno, se instruyó la elaboración del Decreto correspondiente y su remisión al Ejecutivo para su sanción y publicación en el Periódico Oficial, con el fin de que entre en vigor al día siguiente.
