Avala CEDHT protocolo vs linchamientos; cumplir normas nacionales e internacionales, la clave

Sobre el uso de la fuerza y las armas como fin último para salvaguardar la vida de personas civiles y uniformadas

Gerardo Santillán

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, avaló el nuevo protocolo de actuación policial contra linchamientos en el Estado, siempre y cuando se cumplan adecuadamente las normas nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas.

Remarcó que ese uso debe ser el fin último y se deben acreditar todos los pasos, de lo contrario se estarían violando las garantías de las personas, pues el objetivo primordial es salvaguardar la vida de las personas involucradas, incluyendo civiles y uniformados.

“Nos hemos dado a la tarea de verificar esa normatividad desde el punto de vista de derechos humanos y en el caso específico que nos ocupa, podemos citar los principios básicos del empleo de la fuerza y armas de fuego, de hacer cumplir la Ley que parte del principio de derechos humanos propuestos por las propias Naciones Unidas que nos va diciendo cómo es el uso de la fuerza”.

Lo plasmado en las normas internacionales y nacionales se debe reflejar en cómo se va a operar en el protocolo y cómo se establece el uso de la fuerza con fin último, se deben acreditar todos los pasos. Sería violatorio si se brincan los pasos y llegan al fin último. La normatividad internacional y nacional lo establecen”, expuso en entrevista.

Remarcó que las autoridades no pueden actuar a libre albedrío en la atención de un evento de ese tipo, sino apegarse plenamente a los tratados.

Ordóñez Brasdefer recordó que, en diciembre pasado, el organismo que encabeza emitió una recomendación general por el tema de linchamientos en el que, en particular, pidió revisar el protocolo existente para complementarlo y en el que salvaguardar vidas sea lo primordial.

Todo ello, con base en el expediente de queja que se abrió por el linchamiento que se consumó el 15 de abril de 2022 en Tlalcuapan, Chiautempan, cuya investigación arrojó que ninguna institución pública tenía datos fidedignos y sus datos no coincidían sobre ese tipo de casos, incluso la información más certera se encontró en los medios de comunicación.

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