Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
Nadie podría negar que el aumento al pasaje, recién anunciado por las autoridades estatales, era justo. Y era necesario y urgente. El incremento en la tarifa de la parada mínima en teoría nos conviene a todos: permisionarios y usuarios. Por un lado, vendría a mejorar los ingresos de los dueños y el salario de los choferes y además, los obligaría a adquirir mejores unidades, es decir, traería la modernización y actualización del parque vehicular de pasajeros.
Es fácil hablar para quien no conoce el ramo del transporte de pasajeros; muchas veces opinamos en base a conjeturas o por lo que escuchamos e incluso, emitimos nuestra humilde opinión de acuerdo a nuestros intereses. Sabemos, sí, que la vida del chofer es dura, que se gana apenas lo suficientes; nos consta que los permisionarios tienen gastos muy altos lo mismo para comprar el combustible que para adquirir refacciones, pagar operadores, emplacamiento, refrendos, seguros de viajero y un largo etcétera que incluye infracciones y mordidas de ya sabemos quiénes.
Pero contrario a lo que sucedía en aumentos anteriores, ahora esta autorización de alza a la que llaman ajuste se reviste del abuso de choferes y dueños. El incremento de un peso se volvió una fiesta y la tarifa autorizada se interpreta con total arbitrariedad. A conveniencia los operadores ignoran cuánto es un peso y de forma agresiva exigen hasta 4 o 5 pesos más de lo que venían cobrando por parada mínima. Ya se han dado casos de intento de golpes y hay reclamos del usuario.
Y de esto ni los líderes del transporte que se supone sí entendieron lo que es un peso ni las autoridades del sector en el estado de Tlaxcala dicen algo. Los primeros por conveniencia y los segundos por ineptitud e incompetencia.
Para estos casos de abuso descarado y de agresividad no aplica el aumento. Como tampoco debería aplicar a las líneas del autotransporte que se identifican por su mal servicio. Es triste decirlo y lo es más aceptar que hay empresas que dan vergüenza, lástima y coraje por la mala calidad de su atención. Algunas tienen unidades en muy mal estado. En otras los choferes son enemigos del baño o su lenguaje es francamente vulgar y sucio que expresan sin importarles que vayan mujeres y niños. Y también existen aquellas líneas que transitan con excesivo sobrecupo. Sin mencionar que son dueños de las calles e intocables para los automovilistas.
Para la sociedad que obligadamente utilizan esa forma de transporte, la calidad del servicio no vale otro peso más, por muy justo y necesario que sea. La gente se pregunta qué hacen las autoridades por eliminar los monopolios en el sector. Se supone que los monopolios están prohibidos en México y que incluso existe una dependencia del gobierno que uno se imagina y cree, debe impedirlos. La ausencia de una política de apertura a la libre competencia propicia este tipo de abusos y sugiere falta de interés de las autoridades estatales.
Lo cierto es que este incremento, aplazado por el gobierno, exigido por los permisionarios, esperado por los usuarios, justo o necesario, impostergable y urgente, se ha salido del control de las autoridades estatales y que hasta el fin de este día 26 de diciembre no han dicho algo si es que ya se enteraron.
Mientras tanto, los pasajeros de a diario siguen soportando el abuso y la arbitrariedad de los conductores que en el colmo de la agresividad dicen “si no le gusta, bájese y tome un taxi” o, como ocurrió al mediodía entre un pasajero y el chofer de una unidad de la ruta Amaxac, Santa Cruz, Tlaxcala cuando el conductor retó a golpes a un joven “me pagas porque me pagas lo que pido o simplemente te parto tu madre” Escenas de provocación e intentos de agresión son constantes y se incrementarán en los siguientes días si alguien no pone orden…
Y para acabarla de fregar, con total impunidad, el pulpo ATAH nuevamente de forma impune aumenta sus tarifas de forma autoritaria. Nada y nadie puede contra ese otro monopolio. La sociedad ve esos abusos como una descarada complicidad entre transportistas y autoridades estatales y federales.
