Audiencias de caso Lozoya y nuevas normas del Consejo de la Judicatura mantienen reservas a la máxima publicidad en materia penal
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desestima el riesgo de que las audiencias de Emilio Lozoya se lleven en incumplimiento al principio de publicidad que exige la Constitución; El Consejo de la Judicatura anuncia que a partir del 3 de agosto reanudará por completo sus labores pero que continuará restringiendo el derecho a la publicidad de las audiencias penales
Redacción
Las audiencias del inicio de los procedimientos penales que se llevan a acabo 28 y 29 de julio en contra del ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austin, vinculado a las investigaciones por corrupción y lavado de dinero en los casos Agronitrogenados y Odebrecht, se llevan a cabo en incumplimiento al principio de publicidad que exige la Constitución, pese la alerta que Transparencia Mexicana y TOJIL realizaron a la presidencia del Consejo de la Judicatura el pasado 11 de julio de 2020. Esto pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder a la publicidad del caso, y podría implicar violaciones al debido proceso.
Desde la llegada a México del ex Director de PEMEX, diversas organizaciones y grupos de periodistas solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal dar acceso a estas audiencias, incluso por videoconferencia. El CJF se limitó a informar lo ocurrido en las audiencias a un grupo limitado de ciudadanos periodistas vía chat de WhatsApp mediante cortes de información. Este método de información no asegura el principio constitucional de publicidad en materia penal, lo que deja a México como uno de los países en la región que lleva a cabo los procesos penales relacionados con Odebrecht sin el principio de publicidad que el caso amerita.
La emisión de Acuerdo 21/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal por la que se indica que se reactivarán todas las actividades y plazos del Poder Judicial de la Federación continúa limitando de manera irrazonable la publicidad de las audiencias penales de manera indefinida.
Desde Transparencia Mexicana y TOJIL coincidimos con lo expresado por la Presidencia de la República en el sentido de que el caso Odebrecht deber ser un caso sujeto a un completo escrutinio público, por lo que se invita al Poder Judicial de la Federación a reconsiderar las medidas que limitan la publicidad de las audiencias penales a los ciudadanos y optar por medidas que permitan garantizar este derecho de manera efectiva, en tiempo real y, en atención de las consideraciones sanitarias, preferentemente por medios digitales
