Ataques contra Antorcha para ocultar el fracaso de la 4T

Por José Orlando Isidro Ramos

Dirigente Estatal del Movimiento Antorchista en Tlaxcala

Mike Ryan, director del Departamento de Emergencias de la OMS, señala que México se encuentra en el séptimo lugar a nivel mundial por el número de contagios y decesos por la Covid-19, “reveló también que los datos que maneja muestran una clara diferencia de mortalidad entre los residentes de los barrios acomodados y los pobres de ese país latinoamericano. En estos últimos, la gente tiene hasta cinco veces más probabilidades de morir de Covid-19 y la situación de los indígenas es similar” (El Universal. 21/08/2020). Destaco de la declaración de Mike Ryan, la vulnerabilidad en la que se encuentran los pobres de México ante el “catastrófico” manejo de la pandemia por el Gobierno Federal, que llega a 60,800 defunciones y 564,705 contagios, ya que por sus precarias condiciones económicas no tienen la posibilidad de hacer frente a los altos costos que implica tratar la enfermedad y el sistema de salud pública no garantiza la atención para la población con estas desventajas.

            Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, declaró a principios de julio que debido al confinamiento obligado por la pandemia en abril y mayo se perdieron 12 millones 180 mil empleos y que a finales del bimestre 34.32 millones de personas necesitaban un empleo. Con la pérdida de empleos la pobreza laboral alcanzó, según datos del Coneval, 54.9 por ciento hasta el mes de mayo. En el mismo mes, la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo aplicada por el Inegi reportó que 69.6 millones de mexicanos no pudieron adquirir la canasta básica alimentaria por falta de ingresos y que el ingreso del 46 por ciento de la población que no perdió su trabajo se redujo tanto que un trabajador gana 2,068 pesos mensuales, es decir, aproximadamente 70 pesos diarios. Debido a la pérdida de empleos y de ingresos bajos, en el entorno de la pandemia, se estima que 38 millones de mexicanos viven ya en pobreza extrema. El incremento de la pobreza aumenta la población vulnerable ante el SARS-CoV-2, indudablemente.

            Otro de los problemas más sentido por la mayoría de los mexicanos es el incremento de la inseguridad y la violencia que se ha incrementado alarmantemente en la República Mexicana. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se incrementó la violencia homicida en México: mientras que para el primer semestre de 2018 la tasa de homicidios fue de 13.4 para el primer semestre de 2020 la tasa es de 14.14. En el primer semestre del presente año 17,892 personas fueron asesinadas en México y de ellas 12,747 por arma de fuego, es decir, en promedio 99.9 personas por día pierden la vida por homicidio doloso. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi señala que 73.4 por ciento de mexicanos se sintió más inseguro en el primer trimestre de 2020. Ante la desaceleración económica y la falta de ingresos la población percibe un incremento en robos y asaltos en todas sus modalidades, por lo que crece su preocupación ante la  impunidad en diversos delitos y la falta de atención a la seguridad pública. Los altos índices de violencia e inseguridad cuestionan la capacidad de los diferentes niveles de gobierno para atender estos lastres sociales.

            El alto índice de contagio y mortandad por SARS-CoV-2, la falta de empleo, la pérdida y reducción de ingresos, el alto número de víctimas por violencia e inseguridad,  son problemas críticos que afectan al país y por su gravedad cualquiera puede suponer que los diferentes niveles de gobierno están preocupados y trabajando para remontar esta diversa y profunda crisis mortal para millones de mexicanos, pero tal supuesto es erróneo, no hay tal atención del gobierno. No es que las autoridades desconozcan la situación del país, el problema es que no han sido capaces de implementar tanto las medidas como las políticas necesarias para solucionarla. Dados sus pésimos resultados la preocupación del gobierno morenista se ha centrado en garantizar su imposición en los comicios electorales de 2021 y callar las voces disidentes que denuncian su fracaso, demostrado en los miles de muertos y el terrible derrumbe de la economía mexicana.

            Incapacitado para resolver los problemas del país, el gobierno de la 4T se ha propuesto echar humo a los ojos de los mexicanos priorizando temas tan triviales como la rifa del “avión presidencial”, las declaraciones de Lozoya o los video-escándalos contra personajes opositores, todos dirigidos a enfatizar la corrupción de los “gobiernos anteriores” (aunque también existen los que involucran al gobierno actual, que contienen las mismas características corruptas que dice combatir el gobierno morenista, como el de las “aportaciones” que realizó en su momento un alto funcionario de un gobierno estatal al hermano de López Obrador para “efectos electorales”), para mantener el carácter sensacionalista de la agenda presidencial que busca incrementar sus puntos de aprobación en la opinión pública, sin que importen las garantías constitucionales de los imputados y ni que atropelle el debido proceso  para probar los delitos que se denuncian. Al linchamiento mediático, al que condena morena a sus detractores y críticos, se suma la persecución política, justificada como lucha contra la corrupción, sin mencionar que lo hacen con acciones anticonstitucionales, represivas e intimidatorias.

            En Puebla, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, mantiene una campaña permanente calumniando, persiguiendo y amenazando al antorchismo poblano. No es casual: en las encuestas en las que se compara el desempeño de los gobernadores en sus entidades, ha resultado ser el peor gobernador de México, con un alto rechazo de los poblanos por su incapacidad para atender los problemas de su estado. Sin embargo, en lugar de preocuparse por su mal desempeño, amenaza y persigue fabricando delitos en contra de Antorcha y sus líderes, como es el caso de Rosario Sánchez Hernández, líder en las colonias populares de la capital poblana, a la que persigue con todo su aparato judicial culpándola de haberse “robado” unas despensas, acción con la que el “experto en seguridad” seguramente espera dar algún resultado ante el incremento en los índices de robo y violencia que sufren en Puebla. A la persecución política que emprendió Barbosa se suma Santiago Nieto Castillo, cuya fobia y prejuicios contra Antorcha ha quedado manifiesta, que utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló cuentas bancarias de “16 líderes antorchistas”, sin dar fundamento legal ni notificación a los inculpados que refiere. Una arbitrariedad absoluta que busca descreditar a los líderes antorchistas ante la opinión pública porque Santiago Nieto no presentó ninguna prueba de sus acusaciones ni da lugar al proceso en el que tiene derecho legal a pronunciarse la defensa.

            Desde el inicio de su mandato López Obrador emprendió su campaña de desprestigio contra Antorcha, burlonamente la “antorcha mundial”, acusándola de sacar “moches” y “piquetes de ojo” de los programas de gobierno; luego, de ser una Organización “huachicolera”; ahora, por manejo de “recursos de procedencia ilícita”. Veinte meses de falsas acusaciones, de calumnias, de amenazas, de linchamiento mediático y de persecución política, sin que hasta el momento muestre pruebas o avances en sus acusaciones. Si se investiga al Movimiento Antorchista con estricto apego a la ley, nunca se van a presentar los elementos que den cuenta de la culpabilidad que se le atribuye, porque su actividad política y económica siempre ha sido limpia y transparente, pero si se procede por consigna política no tendrán más recurso que fabricar los delitos, perseguir inocentes por crímenes no cometidos transgrediendo el Estado de Derecho sin que con ello logre callar o pulverizar la fuerza del Antorchismo.

            Las contradicciones sociales que se profundizan en la sociedad mexicana, no se acaban ni se ocultan persiguiendo a quienes las señalan y denuncian. El Movimiento Antorchista, el Ing. Aquiles Córdoba Morán,  ha señalado incansablemente que el problema fundamental de nuestro país y del mundo es la injusta repartición de la riqueza, que se concentra en muy pocas manos a condición de que existan millones viviendo en pobreza y pobreza extrema. La pandemia Covi-19 está exacerbando esta contradicción a niveles infrahumanos para quienes ya vivían en condiciones de miseria y el gobierno no está atacando esta deplorable condición social por lo que, aunque juzguen y encarcelen con maniobras ilegales a los antorchistas, la muerte, la pobreza y la violencia seguirán flagelando la vida de millones de mexicanos.

Los índices negativos y mortales para nuestro país crecen todos los días denunciando el fracaso del gobierno de la 4T y de López Obrador, que se encuentra empecinado en su tragicomedia mediática contra la corrupción para desviar la atención del pueblo mexicano. ¿A cuántas vidas y a cuánta pobreza condenara todavía el “reality show” del soliloquio presidencial? La respuesta está en manos del pueblo sabio.