Aprueba el Congreso la Ley 3 de 3 Contra la Violencia; deudores no podrán ser servidores públicos

Se reafirma el compromiso de las y los diputados para trabajar en coordinación y en unidad con la sociedad civil organizada a favor de la justicia para los niños, niñas y adolescentes; así como de las mujeres.

Redacción

Durante la vigésima cuarta sesión ordinaria del Congreso del Estado y posterior al análisis correspondiente, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, las y los diputados aprobaron la Ley 3 de 3 para ser contemplada en la legislación local de Tlaxcala.

De esta manera el Congreso del Estado, fortalece la legislación vigente para proteger mejor el derecho de las mujeres en el Estado de Tlaxcala a vivir una vida libre de violencia, y se armoniza la legislación local, de acuerdo a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobadas por el Congreso de la Unión, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones del servicio público, así como los distintos tipos de violencia ejercida en contra de las mujeres tlaxcaltecas.

 

Por lo anterior, quienes tengan sentencia firme y sean declarados como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, y quienes cuenten con resolución firme y sean omisos en el cumplimiento de obligaciones alimentarias, no podrán ser electos o ejercer algún empleo o comisión pública en cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno.

Lo anterior porque no tendrán las cualidades que se requieren para representar los intereses de las y los tlaxcaltecas.

 

La aprobación implica la adición de un artículo 24 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Es de recordar que la LXIV Legislatura también recibió la iniciativa de activistas feministas y con la aprobación, se reafirma el compromiso de las y los diputados  para trabajar en coordinación y en unidad con la sociedad civil organizada a favor de la justicia para los niños, niñas y adolescentes; así como de las mujeres.

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