Analiza Pleno del TJA su gasto presupuestal para 2026

Redacción

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA) informa que, en ejercicio de las atribuciones del Pleno como órgano máximo —con competencia para emitir acuerdos y disposiciones internas necesarias para el debido funcionamiento institucional—, se desarrolla de manera ordinaria el proceso integral de revisión, discusión, aprobación interna y aplicación del Presupuesto de Egresos 2026 aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala para este Organo, así como del Tabulador de Remuneraciones y del Calendario de Administraciones, con el objeto de asegurar que la planeación financiera, la organización administrativa y la prestación del servicio jurisdiccional se conduzcan con orden, certeza y responsabilidad pública.

En ese contexto, el Pleno realiza la revisión integral de dichos instrumentos como parte de su ejercicio regular de gobierno interno, a fin de verificar su aplicación y, en su caso, realizar los ajustes técnicos y administrativos que resulten necesarios para fortalecer la regularidad constitucional, entendida como el deber de que toda determinación institucional se mantenga estrictamente dentro de lo previsto por la Constitución. Lo anterior, con base en los artículos 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los parámetros generales del ejercicio del gasto público y los principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, así como en los criterios de racionalidad y austeridad aplicables.

En continuidad con lo informado oportunamente por la Presidencia de este órgano jurisdiccional, el Pleno será el órgano que, en ejercicio de sus atribuciones, determine y aplique el esquema definitivo que regirá durante el ejercicio fiscal, garantizando que cualquier ajuste se conduzca con transparencia, trazabilidad administrativa y control institucional, y que las economías que, en su caso, se generen se reorienten dentro del propio presupuesto autorizado, con el objetivo de fortalecer la función jurisdiccional y administrativa en beneficio directo de las personas usuarias, mediante la mejora de la atención, la eficiencia operativa y la calidad del servicio público.

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