Acusan comerciantes de abusos a la Tesorería del Ayuntamiento de Tlaxcala

Piden la intervención del Congreso del Estado para aplicar una auditoría a las finanzas municipales

I. Carolina Campos

Comerciantes establecidos organizados de la capital del Estado, acusaron al Ayuntamiento de Tlaxcala de abusar con el aumento de requisitos para expedir refrendos o licencias de funcionamiento, específicamente para negocios de venta de bebidas alcohólicas, en una maniobra plenamente recaudatorio de fin de trienio y sin beneficios para los empresarios.

Asimismo, señalaron a la Tesorería de retrasar la entrega de esos mismos documentos a los establecimientos como bares, restaurantes o licorerías, a pesar de que ya se pagaron desde el año pasado.

En voz de Librado Muñoz Muñoz, acompañado de otros comerciantes y representantes legales, dijo que el argumento municipal de las trabas es el Decreto estatal para la regulación de la venta de bebidas alcohólicas; sin embargo, ya pidieron información al respecto a la Secretaría de Finanzas del Estado y esta negó haber girado alguna instrucción para negar ese tipo de licencias.

“Prácticamente todo lo que es abarrotes con venta de vinos y licores, restaurantes, bares, no se han entregado, e incluso se han abierto tres grandes establecimientos de venta de bebidas. Somos 250 los comerciantes agrupados, de diferentes giros, y vamos a tomar medidas más drásticas contra esos abusos”.

Recordó que la Unidad de Medida y Actualización para calcular el costo de las licencias y refrendos se ajustó a 108.57 pesos a partir del 1 de febrero, por lo que el gasto es mayor para los comerciantes que se necesitan poner al corriente.

Aunado a lo anterior, Muñoz Muñoz remarcó que el Ayuntamiento solicita a los negocios contar aditamentos propios de Covid 19, a pesar de que ya no existe una declaratoria de emergencia como tal.

Por último, lamentó que la presidenta municipal se niegue constantemente al diálogo, pues nunca tiene su puerta abierta y recibe a los inconformes con la fuerza pública, de tal forma que recurrirán al Congreso del Estado para que intervenga con una auditoría a las finanzas municipales.

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