En marzo de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017 donde, entre más de 100 puntos recomendatorios, solicitó a las autoridades que aceptaran dicha Recomendación, a conformar un grupo interinstitucional para elaborar un Plan Integral de Saneamiento que incluyera a las organizaciones de la sociedad civil que así lo solicitaran.
En este mes de octubre de 2018 se cumple un año del vencimiento del plazo que la CNDH le otorgó a las instituciones recomendadas ―Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, así como a los gobiernos municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo de Puebla y Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros de Tlaxcala― para crear ese grupo interinstitucional, de cuyos acuerdos surgiría un convenio de colaboración interinstitucional, lo cual, hasta la fecha, no sólo no ha ocurrido, sino que, además tampoco se ha elaborado ningún Plan Integral de Saneamiento de la cue 2 convenio, pero no a las organizaciones que elaboramos una Propuesta comunitaria de saneamiento, que oportunamente enviamos para que se incluyera en las deliberaciones del plan oficial. Esta nueva simulación supone nuevas y aún más graves violaciones a nuestros derechos humanos, pero en esta ocasión, ante la falta de voluntad de la CNDH para hacer comparecer o denunciar a las autoridades recomendadas por el incumplimiento a la Recomendación 10/2017 y su incapacidad para organizarse, institucionalmente, para iniciar la reparación de un daño social y ambiental que es ya catastrófico, en un contexto en que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en su último reporte publicado el 6 de octubre de este año, afirma que “para limitar el calentamiento global se necesitarían, por un lado, cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad y por otro, la adopción de decisiones dirigidas a afrontar el cambio climático teniendo en cuenta el contexto local y las necesidades de las personas”.
1 Fue hasta abril de 2018 que la dirección de la Conagua en Tlaxcala, nos notificó para firmar ese convenio de colaboración institucional y del cual no nos habían informado de su contenido. Ante nuestra negativa a firmarlo, nos fue enviado el convenio en mayo, conminándonos a notificar nuestra intención de firmarlo sin abrir la posibilidad a opinar o modificar su contenido.
Cabe mencionar que este proyecto, que las autoridades tardaron más de un año en redactar, consiste en un documento de 16 páginas, de las cuales, sólo cuatro páginas y media constituyen la parte sustantiva de una versión no definitiva del convenio pues, es de nuestro conocimiento y de la CNDH, que la Profepa propuso una cláusula según la cual las autoridades se autoeximen de cualquier responsabilidad si incumplen el convenio.
A todas luces, este convenio sería incapaz de sanear la tercera cuenca más contaminada del país y produciría una catástrofe social que rebasaría, por mucho, la situación de injusticia reconocida en la Recomendación 10/2017 de la CNDH.
La dilación de la CNDH, de casi un año y medio para denunciar la simulación que están realizando las autoridades y su falta de pronunciamiento frente a estas nuevas agresiones, es una prueba fehaciente de la debilidad estructural del sistema nacional de protección y garantía de los derechos humanos en México, cuando miles de familias de Puebla y Tlaxcala han sido afectadas porque sus hijas e hijos, cónyuges, padres y madres, hermanas y hermanos sucumben diariamente ante el “progreso” que presuntamente significan cada una de las más de 20 mil 400 empresas industriales y autoridades municipales, estatales y federales que diariamente vierten más de 778 toneladas de contaminantes orgánicos, químicos, tóxicos y peligrosos (según lo consigna la Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, emitida por la Conagua en 2011 y publicada en el Diario Oficial de la Federación), con los que los pobladores de las comunidades no pueden hacer otra cosa que enfermarse y morirse de cáncer, insuficiencia renal y otras 1 IPCC (2018).
3 enfermedades y afecciones similares, que por ejemplo, se manifiestan en 906 abortos espontáneos, tan sólo, entre 2002 y 2016, lo cual coloca a varias localidades de la cuenca dentro del 0.02 por ciento peor de todo el país; o en el hecho de que Tlaxcala ocupa el primer lugar del país en incidencia de insuficiencia renal, así como en las 25 mil 737 muertes de cáncer ocurridas en la cuenca entre 2002 y 2016, esto es, una persona cada cinco horas, en las localidades ubicadas dentro de la cuenca Atoyac-Zahuapan reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta grave crisis de derechos humanos y la incapacidad institucional para denunciarla impone injustamente a los afectados ambientales la carga de seguir resistiendo una situación insostenible: la catástrofe ambiental y social que supone la devastación ambiental y de salud de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Entre 2011 y 2014 el Centro Fray Julián y la Coordinadora por un Atoyac con Vida presentamos el caso de la contaminación de nuestra cuenca y sus impactos en la salud en la Audiencia Temática sobre Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos del Capítulo México del prestigiado Tribunal Permanente de los Pueblos (legado del pionero Tribunal Russell) de cuya sentencia se desprende que, “inutilizar el agua supone una violación al derecho a la vida, pero además una herida profunda en la memoria histórica de los pueblos.
El nuevo diseño de uso de los suelos ha ignorado las áreas protegidas, los territorios indígenas, las zonas de producción de alimentos y los sitios de importancia histórica y cultural para imponer usos intensivos y extractivos en beneficio de los mercados externos”.
La emisión de la Recomendación 10/2017 de la CNDH significa para esta lucha por los derechos humanos un triunfo y un paso hacia adelante en la consecución de la justicia ambiental y el inicio de la reparación del daño que se le debe a las personas que viven y transitan por la cuenca Atoyac-Zahuapan, sin embargo, la respuesta institucional, tanto de las autoridades recomendadas, como de la propia CNDH, suponen una profundización de las violaciones a nuestros derechos: al acceso a la información, a la participación, a la autodeterminación, al agua, al saneamiento, a la salud, a un medio ambiente sano, entre otros.
Si la sola catástrofe ambiental de la región supone una crisis en materia de derechos humanos, la simulación que pretenden imponer nuevamente las autoridades para dar respuesta a la Recomendación 10/2017 s 4 oportunidad para sumar esfuerzos y obtener ayuda de instancias que nos permitan elevar la denuncia a escala internacional y así, abonar para resolver este conflicto ambientaly que se dejen de violentar los derechos fundamentales de las personas y las comunidades que habitamos en la cuenca. En esta ocasión, pediremos al TLA:
1) Que se pronuncie públicamente sobre la violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a su saneamiento adecuado, a la salud, a la alimentación, a la información, a la verdad, a la justicia y otros más, reconocidos en la legislación mexicana y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
2) Que se pronuncie ante el incumplimiento de las autoridadades del Estado mexicano al no exigir el respeto y acatamiento de las leyes, normas y reglamentos en materia de protección ambiental, así como de los derechos de las comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas.
3) Que se pronuncie respecto a si esta nueva simulación del Estado mexicano podría ser constitutiva de crímenes de lesa humanidad contra la población de la cuenca Atoyac-Zahuapan conforme a derecho.
4) Que se pronuncie sobre si el Proyecto de Convenio de Coordinación Interinstitucional y Colaboración Técnica para el Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac elaborado por Conagua, sin intervención del resto de las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 de la CNDH, es o no un instrumento efectivo para el saneamiento de la cuenca.
5) Que solicite formalmente a las autoridades electas, que entrarán en funciones en diciembre de 2018, otorguen atención prioritaria, efectiva y real a la crisis de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Solicitamos también que reconozca nuestra Propuesta comunitaria de saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades como un aporte hacia la solución de la crisis ambiental y social de la cuenca.
6) Que el Tribunal reconozca la necesidad de que, en México, se modifique el régimen de administración y manejo de las aguas nacionales, que incluya no sólo una Ley de Aguas basada en la necesidad del ejercicio del derecho humano al agua y de preservación de las cuencas como unidad socio territorial elemental y no en su uso mercantil privado.
7) Que el Tribunal se pronuncie también por la necesidad de que la CNDH promueva, ante el Poder Legislativo, una reforma del sistema nacional de protección de los derechos humanos, para hacer efectiva su salvaguarda, para que sus recomendaciones sean de cumplimiento obligatorio y sancionable su incumplmiento.
8) Que el Tribunal Latinoamericano del Agua condene enérgicamente la reincidencia criminal que la mayoría de las más de 20 mil 400 empresas industriales asentadas 5 en la cuenca por verter, sin tratamiento alguno, sus aguas residuales en los cauces de los ríos y afluentes de la cuenca o en los drenajes municipales. Pedimos al Tribunal que solicite al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, realice una visita especial a la cuenca, para verificar la actuación impune de la industria privada en la cuenca y solicite también al Relator Especial de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU, el Sr. Baskut Tuncat, visite la cuenca Atoyac-Zahuapan en la visita que tiene prevista a México en 2019.
9) Que el Tribunal nos ayude a promover la atención de este caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que, la justicia mexicana es, hasta hoy, incapaz de garantizar nuestro acceso a la justicia pronta, imparcial y efectiva. La audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua será transmitida en vivo a través de la página de Facebook del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. El caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan, será presentado ante el jurado, el miércoles 24 de octubre, a las 12:00 horas y el veredicto del jurado será presentado a la opinión pública el viernes 26 de octubre.
Atentamente.
¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
Coordinadora por un Atoyac con Vida. Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala.
