Alejandro Zecua
En la región centro-sur del estado se reportan los mayores casos de feminicidio, pero sobresale la Vía Corta Santa Ana –Puebla porque cruza por municipios y lugares que han sido reportados como foco rojo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
En el “Diagnóstico 11años de feminicidio en Tlaxcala: deudas y desafíos para su acreditación. 2008-2019”, el Colectivo Mujer y Utopía registró estos casos en el 73 por ciento del territorio tlaxcalteca, y con base al seguimiento a medios digitales y escritos, entre los municipios con más incidentes se encuentra San Pablo del Monte con 14, Tlaxcala capital con 13, Apizaco con 12, Huamantla con 9, Zacatelco con 7 y Tzompantepec con 6.
El Observatorio de Violencia de Género del Colectivo Mujer y Utopía registra que en Tlaxcala existe un nivel de impunidad de un 98 por ciento en feminicidios, pues tan solo de 2008 a 2019 documentaron 137 de casos, pero solo se iniciaron nueva capetas de investigación con este delito pero tres apenas tuvieron una sentencia.
Es de resaltar que en el estado, el feminicidio se tipifico como delito en marzo de 2012, pero fue hasta en 2017 cuando se investigó el primer caso, pero el número de muertes violentas de mujeres ha aumentado de manera considerable a la fecha, y fue 2019 cuando se documentaron 28 con saña.
El Colectivo Mujer y Utopía presidido por Edith Méndez, refirió que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no cuenta con un protocolo especializado de investigación de feminicidio, lo que conlleva a una inadecuada investigación pero con una grave omisión de las autoridades, que reportan los hechos como homicidios e incluso, por supuestos suicidios.
En lo que va de este 2020, se han documentado 16 muertes violentas con características de feminicidio hasta este mes de agosto, pero con una sola carpeta de investigación por las autoridades, además, éstas mantienen una actitud omisa ante la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 25 de marzo de 2015, sobre el caso de feminicidio de Mariana Lima Buendía, donde resolvió que “todo caso de muerte de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecieran haber sido causados por motivos criminales, suicidios y algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género”.
