El alcalde de Chiautempan, Antonio Mendoza Romero, insiste en que no hubo daño patrimonial por 59 millones de pesos en el ejercicio presupuestal de 2015, razón por la cual su cuenta pública fue reprobada por el Congreso del Estado; asegura que solventó las innumerables observaciones que se le hicieron y que al final de cuentas no le fueron tomadas en cuenta por los diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Sin embargo, en una entrevista concedida la víspera a un medio de circulación estatal, ya adelantó que con tal de defender su administración, podría ampararse, recurrir a una controversia constitucional o ir a los tribilines para demostrar la legalidad o no del actuar de los legisladores, cargo en el que él ya tuvo experiencia.
Pero aquí hay algunas situaciones: por un lado, efectivamente los diputados reprobaron la cuenta pública de Santa Ana fuera del tiempo constitucional en materia de fiscalización que es era a más tardar el 31 de agosto – lo hicieron hasta el 19 de octubre –, así que el edil santanero tendría muchas posibilidades de salir avante – de tener una efectiva defensa legal – porque los legisladores habrían incurrido en violaciones.
Pero por otro, es un hecho que tanto el Órgano de Fiscalización Superior como la Comisión de Finanzas, sí comprobaron que hubo severas irregularidades financieras que dieron por conclusión un daño patrimonial millonario, lo que a su vez motiva que el OFS actúe por la vía de una denuncia penal contra el munícipe y quien resulte responsable.
Es decir, los dineros cuya aplicación no se justificó, no se aplicó, se desvió o no se encontró es un hecho consumado y hubo afectación a las arcas municipales del presupuesto 2015, entonces la defensa legal que prepara Mendoza Romero es para evitar enfrentar a la justicia, para escudarse en lo personal y no pisar prisión eventualmente… ¡vaya!, salvar su pellejo; pero nadie va a reparar el daño causado al erario ni mucho menor reintegrar monto alguno a la municipalidad en favor de los chiautempenses.
En México en general el hartazgo contra la impunidad y el saqueo se ha vuelto algo desafortunadamente tan normal que más allá de encarcelar a los malos políticos, lo mejor sería que regresaran lo que se llevan. Ejemplos son múltiples en todo el país y en el año de Hidalgo cada vez son más evidentes y descaradas esas autoridades que prometieron cambiar las cosas…pero no ha sucedido.
Y en el caso de Chiautempan parece haber dos chivos expiatorios visibles… el todavía tesorero Miguel Prado Ahuactzin, a quien “el tigre Toño” culpa de la multa por más de 10 millones de pesos que le impuso el SAT al gobierno municipal por omitir reportar las retenciones del ISR de la nómina de nueve meses del año 2014. Ese funcionario hizo de las suyas cuando fue organizador de la feria patronal en 2015, aun así se le mantuvo y el presidente no actuó en consecuencia a pesar de haber tenido pruebas. Y la síndica Belén Vega, a quien acusa de siempre bloquear los trabajos de revisión de las cuentas y no firmarlas mensualmente, sobre lo que ella tiene una versión distinta.
