Rommel PICHARDO
En medio de un clima de creciente inseguridad, las oficinas estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la comunidad de Tizatlán fueron escenario de un violento asalto durante la madrugada del lunes 22 de abril.
En este incidente, perpetrado por un grupo de cuatro individuos armados, se sustrajeron muebles, computadoras y otros objetos de valor, cuyo monto se estima en más de 20 mil pesos.
El guardia de seguridad, Horacio N., de 45 años, fue sometido, atado y golpeado por los delincuentes antes de que estos procedieran con el robo, lo que demuestra la audacia y la violencia con la que actuaron.
La acción delictiva tuvo lugar alrededor de las 04:30 horas, sumiendo a la comunidad en un estado de consternación y temor. Los asaltantes, tras permanecer unos minutos en las instalaciones del partido, emprendieron la huida por la parte trasera del edificio, cerca de la ribera del río Zahuapan, desapareciendo en la oscuridad de la noche. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas policiales municipales, estatales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado por localizar a los responsables, estos lograron eludir la captura, sumiendo a la población en una sensación de impotencia y vulnerabilidad.
La comunidad de Tizatlán, una vez más, se ve afectada por la escalada de la delincuencia, que no da tregua ni siquiera en el contexto previo a un proceso electoral. La incapacidad de contener estos actos ilícitos pone en evidencia la fragilidad de las estrategias de seguridad implementadas hasta el momento, a pesar de los esfuerzos del Secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, por colaborar con la ciudadanía y reforzar la protección de la población. Este hecho no solo representa una pérdida material para el partido político afectado, sino que también deja al descubierto la vulnerabilidad de las instituciones públicas frente a la acción de bandas delictivas cada vez más audaces y organizadas.
Ante la gravedad de la situación, el área jurídica del partido ha presentado la denuncia correspondiente ante la PGJE, buscando que se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho y llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, la impunidad que parece reinar en la región solo alimenta el ciclo de violencia y criminalidad, generando un clima de desconfianza y temor entre la población. En este contexto, resulta fundamental que las autoridades competentes redoblen sus esfuerzos y adopten medidas efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en un momento crucial como el que se vive en vísperas de un proceso electoral.
