Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein
Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos
Sr. Michel Forst
Relator Especial para los Derechos de los migrantes
Sr. Felipe González Morales.
Las organizaciones que conformamos el Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas denunciamos los ataques recibidos en la noche del miércoles 11 de septiembre donde personas desconocidas, no identificadas, allanaron las instalaciones del Albergue la Sagrada Familia y Un Mundo una Nación ubicadas en la Colonia del Carmen, Apizaco, Tlaxcala donde robaron bienes y materiales además de incendiar las instalaciones, cuestión que ya fue denunciada por la
organización ante el Ministerio Público de la Entidad.
Es de señalarse que dicha organización contribuye al incumplimiento de los derechos de las personas migrantes que transitan por nuestro país; migrantes procedentes Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala que arriban a la ciudad de Apizaco y buscaron auxilio en el albergue para migrantes
“La Sagrada Familia” para descansar, abastecerse de alimentos y cobijas para luego subir al tren.
Cabe destacar que la ciudad de Apizaco se ubica entre los cinco puntos más importantes en el trazo que tienen los migrantes rumbo al norte del país, y la autoridad tiene que ofrecer servicios y aplicar acciones de carácter humanitario.
Lamentablemente desde el 2012 la empresa Ferrosur colocó vallas de concreto a un costado de las vías en la estación de Apizaco, lo que ha provocado que las personas se impacten contra ellas al bajar de La Bestia en movimiento, provocándoles heridas, amputaciones o la muerte. Aunado a ello recientemente el Alcalde de Apizaco, levantó una malla con púas en la tercera privada de la calle Álvaro Obregón, Colonia Ferrocarrilera, para evitar el libre tránsito de migrantes, con el argumento que los indocumentados provocan mal aspecto y traen consigo mañas delincuenciales.
Este obstáculo fue colocado en las inmediaciones del albergue “La Sagrada Familia”, para complicar el ascenso y descenso de migrantes a los vagones del tren y así, supuestamente disminuir la delincuencia.
Esto hechos incumplen nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde las y los migrantes pueden gozar de todos sus derechos y libertades al entrar a nuestro país.
Por lo general a los migrantes se les considera como “no ciudadanos” por la población e incluso por las autoridades lo que vulnera gravemente sus derechos humanos y los derechos de las personas que los albergan y velan por el cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna. En 1990 se adoptó La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares donde enfatiza sus derechos a la vida, a la prohibición de la tortura,
la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, el reconocimiento del derecho a la libertad y la seguridad de la persona, proteger a todos contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o particulares, instituciones, o grupos.
Además, el Estado tiene la obligación de penalizar y sancionar a las personas que hagan uso de la violencia, amenazas o intimidación contra los migrantes. El desconocimiento de la población de los derechos de las personas migrantes y la xenofobia creciente provocan este tipo de actos que además vulnera los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos.
La declaración de los defensores de los derechos humanos contempla el deber de los Estados a promover, proteger y hacer efectivos todos sus derechos humanos, incluso el derecho a la
asociación y protección de los derechos de terceros. Así como proporcionar recursos eficaces a las personas defensoras que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos.
Por tal motivo solicitamos al Estado:
1. Que las autoridades municipales y estatales realicen las investigaciones correspondientes a los hechos del pasado 11 de septiembre en contra de la organización Un Mundo una Nación así como de protección a las personas y al Albergue de la Sagrada Familia.
2. Que se repare el daño realizado a la organización de defensores de derechos humanos para que puedan seguir laborando.
3. Que el gobierno estatal y municipal haga una campaña en la localidad que favorezca el derecho de las personas migrantes evitando la xenofobia y los actos de criminalización, hostigamiento y amenazas a quienes les dan albergue protegiendo la integridad física y psicológica de las y los
defensores de derechos humanos tanto personas trabajadoras como voluntarias.
4. Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Nacional vigilen el actuar de las acciones de procuración y administración de justicia a fin de que se esclarezcan los hechos y garanticen la
seguridad e integridad de las personas defensoras de derechos humanos así como de las migrantes que se albergan y se les brinda ayuda humanitaria.
Atentamente por el Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de personas.
Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez
Presidencia Latinoamericana del
Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas
