Protección a imputado deja en indefensión a menor víctima de delito sexual: activistas

Gerardo Santillán

Abogadas y activistas denunciaron los abusos que sufren la madre y su hija menor de edad, víctima de abuso sexual por parte de su propio padre, quien al haber sido servidor público adscrito a la Casa de Justicia de Guridi y Alcocer como médico legista, ha sido protegido por las instancias de procuración de justicia para no responder por sus actos.

Además, ese es solo un caso de la corrupción que permea entre ministerios públicos y jueces en Tlaxcala, quienes tuercen la Ley para favorecer a ciertas personas, ya sea relaciones personales o intereses económicos.

Al respecto y en rueda de prensa, la titular de la Casa de Atención a la Mujer de la diputada federal, Dulce Silva, Félix Pozos Palafox, acompañada por otras litigantes, explicó que el 23 de agosto de 2022 se inició la carpeta de investigación por el delito sexual en contra de la hija de “Juanita” – nombre ficticio de la madre – , a raíz de lo cual comenzó a ser hostigada y vigilada en su domicilio, además de que en la audiencia programada para el 13 de enero pasado, el juez pretendió llevarla a cabo pero sin la presencia del imputado y solo con su representante legal, lo cual es totalmente indebido.

Dijo que aun cuando lograron tener una reunión con la procuradora Ernestina Carro Roldán y ella mostró buenas intenciones, no se ha logrado nada porque “simplemente su personal no la obedece. En los módulos de atención a víctimas es el yacimiento de la corrupción, donde delitos como la violación solo los quieren dejar como abuso sexual porque con eso los delincuentes podrán tener una salida”.

En su oportunidad, “Juanita” hizo un llamado a la gobernadora, Lorena Cuéllar, así como a la procuradora, a que no sea indiferente con las mujeres víctimas y más cuando se trate de una menor de edad y el imputado sea un servidor público; “la justicia debe hacerse sin privilegios”.

Pozos Palafox agregó que muchas mujeres víctimas no tienen la oportunidad de obtener la ayuda de activistas y abogadas profesionales, sobre todo en el tema penal, que hoy es un proceso muy costoso, así que la PGJE debería poner más atención cuando se trate de casos que involucren a grupos vulnerables como lo son niñas, niños y adolescentes.

“Cuántas carpetas de investigación están así (que el juez quiere llevar la audiencia inicial sin la presencia del imputado) y se judicializan, eso afecta a las víctimas y debe proceder, en ese caso, la nulidad absoluta por violaciones graves a derechos humanos. El primer enemigo de una víctima de violación o abuso sexual es el ministerio público. Además la Procuraduría no cuenta con el equipo y personal multidisciplinario para hacer el estudio de protocolo de revisión a menores de edad víctimas”, remató.