Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
El abuso de los permisionarios fue brutal y la respuesta de las autoridades del transporte en el estado de Tlaxcala, tardía. Un segundo después de entrar en vigor el aumento el pasaje, los choferes y empresarios interpretaron las tarifas a su modo y desde luego, a su beneficio. El incremento fue de un peso, pero hubo quienes quisieron aplicarlo a cada kilómetro recorrido.
Al descontento generalizado se sumó la agresividad de los conductores que de forma altanera y violenta exigían lo que creyeron era el aumento. Diseñaron tarifas a su antojo, algunas con hojas parecidas a los documentos oficiales, en las que aplicaban el incremento de forma arbitraria. Hubo riesgo de pelea entre choferes y usuarios y en más de alguna ocasión las ofendidas fueron mujeres, incluso personas de la tercera edad o con alguna discapacidad.
Ante la complicidad de los líderes de las diversas líneas del transporte público y la pasividad de la Secretaría de Movilidad, el aumento de un peso se convirtió en lo que les vino en gana. Por ejemplo, donde el costo era de 7 pesos lo subieron a 9, y donde se cobraba 7.50, por arte de magia y sin ninguna razón o lógica, el costo del viaje fue de 11, 12 y hasta 14 pesos. Y ni modo que se les pidiera explicaciones a los operadores…
La respuesta del gobierno del estado se hizo visible hasta el 3 de enero y fue más notoria hasta el día cuatro. Fue hasta entonces que los permisionarios y los choferes le bajaron a sus abusos y eso porque se empezaron a difundir imágenes en donde se mostraba la detención de unidades. Pero el abuso ya se había c0oncretado. Los excesos estaban consumados.
De alguna forma las autoridades midieron los riesgos y actuaron para impedir que se siguiera atracando a los tlaxcaltecas porque estuvieron conscientes de que llegar al reinicio de clases en medo de una situación de inconformidad de ese tamaño hubiera sido muy peligroso. Las muestras de repudio a esos excesos se estaban traduciendo en la organización social y pudieron haberse registrado movilizaciones por ese motivo.
Para la población en general quedó la idea de que la tardía respuesta de la dependencia del sector no fue precisamente por falta de personal, por carecer de argumentos de legales, por falta de ganas o porque no les daba la gana. En la imaginación del colectivo hay la seguridad de que la actuación de los permisionarios fue consentida como parte del pago de facturas y como una forma de anticipar los compromisos políticos por venir. Los representantes de las empresas niegan acuerdos en lo obscuro y deshonestos, rechazan complicidad institucional, pero, quién podrá convencer a las mayorías de que estas versiones son falacia.
Iniciando el año, el tema del transporte de pasajeros se salió de control, aunque, en el caso de la empresa ATAH, ninguna autoridad de los gobiernos federal y estatal, han tenido nunca el control. Los abusos en esa empresa son constantes e impunes tanto como el desinterés del gobierno. Ese monopolio incrementa el costo del pasaje cuando quiere y por la cantidad que le dé la gana. No hay poder que les pueda poner un alto, tal vez, dicen los usuarios, porque los compromisos de los gobernantes en turno son fuertes, porque hay intereses muy altos y porque son una sola entidad de la que se sirven.
De cualquier forma, la sociedad, al menos en el tema de los aumentos al pasaje, de los rubros local y federal, se sintió y se siente abandonada, indefensa, sin ninguna posibilidad de hacer valer sus derechos y sin que haya voces o acciones de instituciones, grupos, líderes ni autoridades que acudan en su apoyo y defensa. Eso ha hecho que los abusadores se sientan protegidos, impunes y con las garantías de seguir dañando la economía de la sociedad y esos abusos, también harán que el pasajero y la sociedad no tengan empatía con el sector.
Finalmente, la autoridad estatal, el gobierno tlaxcalteca, hizo lo que era su obligación inmediata: actuar en contra de los incrementos no autorizados y los excesos de operadores y permisionarios; finalmente puso orden y aplicó la ley pues nadie estuvo en contra de los aumentos, mismos que fueron considerados legales y justos, sino en contra de los abusos y la impunidad.
