Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
De ser cierto, el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva lleva un fuerte y ominoso mensaje no sólo para los medios de comunicación y para los comunicadores, sino para toda la sociedad mexicana. El mensaje no lo habrían enviado delincuentes menores ni grupitos sin ideología política o con intereses pequeños; viene de mucho más arriba, de sectores o personajes que saben que un asesinato de esa magnitud iba a cimbrar al sistema mexicano entero.
Y no porque el presentador y reportero de Imagen Televisión es o pudiera ser un personaje muy importante, que sí lo es, sino porque un crimen cometido en su persona agrandaría y magnificaría el problema de vulnerabilidad de prensa en México, tema ya en el ojo de organismos internacionales y al mismo tiempo, habría sido un golpe muy fuerte al actual régimen de gobierno ya minado por asuntos de violencia generalizada e inseguridad creciente.
La muerte de Ciro, sin duda, buscaría callar a la prensa, amordazar a los periodistas y dejar muy claro que alguien tiene la capacidad de enmudecer a los medios y poner condiciones respecto a lo que se puede decir y lo que no. El recado habría sido que en nuestro país hay alguien o algunos con el poder suficiente como para cambiar el rumbo de la nación y disponer de la vida y destino de quien les venga en gana. De ese tamaño es la gravedad del atentado contra del periodista.
El problema es que en México son muchos los frentes contra los que luchan los periodistas y esos frentes no sólo los abren los grupos de la delincuencia organizada, sino también políticos y gobernantes. Se quiera creer o no, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha creado condiciones de confrontación y ha abierto canales de animadversión contra los periodistas. Esto es inaceptable, reprobable, indigno de un titular del poder ejecutivo federal.
De esa forma se explica, aunque no se justifica, la muerte de decenas de periodistas en este gobierno; todas esas manifestaciones de desprecio en contra de los comunicadores, abona a la sentencia de muerte en contra del periodista y abre las puertas a la impunidad y al crimen cobarde. Muchos ven en ese desprecio al sector la posibilidad de callar a los incómodos reporteros que no hacen, al menos la inmensa mayoría, más que exponer una realidad cruel. El periodista no crea la realidad, la proyecta. El periodista no es responsable del fracaso del gobierno, sólo la expone sin deformaciones.
Tlaxcala, a pesar de que se quiera hacer creer que este territorio forma parte de otro planeta, no escapa de esa realidad sangrienta, de amenaza permanente y muerte latente de los periodistas. Sergio Enrique Díaz y Juan Vázquez son dos ejemplos recientes de violencia irracional y absurda. Y esa violencia y agresión no viene de los cárteles del narco, sino de funcionarios, de gente que cobra de los impuestos del pueblo y que se convierten en enemigos de la sociedad en general y de los medios en particular. Es tan vergonzoso como real.
Los casos de violencia contra los periodistas, la agresión constante, el repudio a los reporteros y las intenciones de acallar voces van en crecimiento en el estado de Tlaxcala y nada se hace o se hace poco pero mal. Salvo en el caso de Juan Vázquez al que sí se le hizo justicia ante la cobarde agresión de policías de Apizaco, el resto de los casos sigue en la impunidad y las instituciones creadas para salvaguardar la integridad y vida de los periodistas enmudecen ante la incapacidad por garantizar la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
El gobierno de México sostiene una guerra sin cuartel en contra de los grupos de la delincuencia organizada y debe ver en ellos a su enemigo y al mismo tiempo, los capos de la mafia no deben ver en la prensa en su enemigo pues hay enorme desventaja ya que mientras los cárteles portan armas de alto calibre, los periodistas sólo tienen su pluma y sus inofensivos instrumentos de trabajo.
Alguien debe hacer algo, y bien, para garantizar que el ataque en contra del Checo, de El Sol de Tlaxcala y de otros reporteros del estado, no quede impune y que se aplique la ley a los irresponsables que atentan contra la libertad de expresión y de los comunicadores.
El mensaje de los grupos, personajes y sectores que buscan intimidar a los periodistas y a los medios de comunicación, ha sido escuchado perfectamente, pero no va a ser atendido ni va a surtir el efecto que esperan pues no se mata a la verdad y no se oculta la realidad matando periodistas. Estos profesionales no son daños colaterales de los delincuentes: son objetivo, eso queda claro, pero también queda claro que la prensa va a seguir adelante aun con la indiferencia o la agresión del poder.
