Isaías Chanona Hernández
En los años de gobierno del actual mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado metódicamente a eliminar una a una las instituciones públicas que son el contrapeso del Poder Ejecutivo y cuya existencia y operatividad es esencial para el desarrollo de nuestro país.
A menos de dos años de que se lleve a cabo la jornada electoral 2024, López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral con la que busca, no precisamente lo que ha venido anunciando que es una democracia limpia y jamás antes vista, si no, una vez más, asegurar votos a favor de su partido para dentro de dos años. Dentro de las implicaciones de esta reforma electoral encontramos que piensa sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Este perdería la atribución de conformar el padrón electoral, lo que generaría incertidumbre respecto a quién será el responsable de conformarlo y la posibilidad de un uso clientelar de la lista de electores, y la posibilidad por tanto de que no se expidan credenciales para votar con fotografía; disminuir a siete los actuales 11 consejeros y la posibilidad de elegir a consejeros y magistrados por voto popular, deja al aire quien será el responsable de manejar el voto popular y, conociendo la forma de manejar estas prácticas por personajes de MORENA que siempre terminan mal, necesita esclarecerse más este punto; la disminución del financiamiento ordinario público a los partidos y mantener un financiamiento para campañas electorales y eliminar los legisladores plurinominales así como la desaparición de los organismos electorales estatales.
Esta táctica de control y dominio que quiere hacer del INE Andrés Manuel, no tiene justificación alguna más que la cantaleta de siempre de ser pregoneros de justicia y transformaciones reales. Cada una de las propuestas de esta iniciativa, son medidas coercitivas para que su partido tenga las de ganar en las próximas elecciones, desde el recorte de presupuestos a la institución como a los partidos políticos, a quienes solo les quedará obtener recursos a través de sus militantes lo que los saca de una verdadera contienda contra el partido en el poder, que es quien puede tomar recursos del mismo erario; hasta la limpieza de la ejecución de las elecciones, así como la proponen. Es un asunto sumamente grave el que se quiera meter mano tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que son instituciones que llevaron muchísimos años para conformarse y que impiden que el Gobierno en turno sea juez y parte en la vida democrática de nuestra nación.
Si bien hay mucho por decir con respecto a la democracia, las instituciones políticas, jurídicas y el aparato estatal, elementos ligados al funcionamiento de la sociedad en su conjunto, la práctica que implementa el mandatario no garantiza para nada la justicia de la que tanto habla y, por el contrario, impone políticas que debilitan el sistema democrático y que, además, violan los derechos humanos de todos los mexicanos.
La violación de los derechos humanos no es exclusiva del gobierno actual, pero este si es punta de lanza de la violación de derechos humanos, de la agudización de las injusticias, la pobreza extrema, la desinformación, la corrupción, los asesinatos, etc., justo todo aquello que se comprometió a eliminar, está ahora más elevado que nunca.
No nos acostumbremos a aceptar la mentira como algo inherente a la política mexicana. Debemos todos pensar en las decisiones y políticas de López Obrador, analizar sus resultados y darnos cuenta de que esta, para nada, es la entrada a la prosperidad ni libertad mexicanas. Lo queramos o no a todos nos compete la política en nuestro país, y tener al frente de esta a un loco que la maneja a la antigua como un verdadero dictadorzuelo que hace y deshace a su gusto, es un peligro para el porvenir de toda la nación.
