Isaías Chanona Hernández
El decreto que dio el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador el lunes de la presente semana, de que la Guardia Nacional dependa en su totalidad de la Secretaría de Defensa Nacional, consolida la intención original del Gobierno para que la primera tenga un mando militar de forma permanente. Se trata de la mayor corporación policial de México, con más de 114.000 efectivos, de acuerdo con datos oficiales. Es decir, la gran apuesta de militarización a la seguridad ciudadana del sexenio.
Con un artículo transitorio que se creó en 2019, el cual le daba poder al mandatario nacional de hacer uso de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, se creó la Guardia Nacional misma que ha estado en función a partir de ese año. Para ser aceptada esta ley, originalmente la condición era que esta corporación tuviera un mando civil, aspecto que se contrapone con la actual postura de López Obrador, quien justifica sus decisiones en la necesidad nacional de seguridad por el alza en la violencia.
Pero ¿Cuál ha sido el papel hasta el momento del Ejército Mexicano? Este ha sido el comodín o, como se dice coloquialmente, el cajón de sastre para el actual gobierno quien ha delegado sus trabajos más importantes a este organismo, como el reparto de las vacunas contra la Covdi-19 y sus obras faraónicas como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. Y con la reciente pronunciación de López Obrador, dejará en sus manos tareas que no son concernientes a sus áreas como las tareas de seguridad civil.
Recordemos que en 2018 y en toda la carrera por la silla presidencial, Obrador se manifestaba en contra de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares. En 2010 dijo “no podemos aceptar un gobierno militarista. El ejercito que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Que regresen los soldados a los cuarteles”, para 2012 dijo “Se tiene que profesionalizas a la policía porque tenemos que ir sacando al ejercito de las calles. Esto nos va a llevar seis meses”. Y ¿qué dice actualmente? “aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”. Cuanta firmeza y perseverancia demuestra el mandatario Nacional.
Y posiblemente algunos se preguntarán sobre el por qué de la polémica en cuanto a esta determinación, si el Ejercito es una de las instituciones mejor evaluadas por la sociedad según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad. El problema de la militarización y/o el militarismo de un país, reside en que la practica de estos actos, mina la seguridad y democracia mexicana, pues se comienza a ver al cuerpo militar como parte de un proyecto político y no como una institución del Estado mexicano. Además, la unión de la SEDENA y la GN significa un aumento del presupuesto en este rubro, que de por si ya está por encima de varios programas sociales y algunas dependencias y secretarías públicas.
La militarización, como proceso en el que confluye la presencia de militares en tareas ajenas a la defensa nacional, implica el empleo de niveles de fuerza que corresponden a una respuesta armada del Estado ante una amenaza a su integridad. Y el militarismo, que es la inserción de militares en asuntos de los partidos políticos a causa de la esencial debilidad del sistema representativo, lleva a los diferentes grupos políticos a utilizar la fuerza militar para alcanzar sus objetivos, tarea que debería corresponder al cuerpo civil que es quien se encarga de garantizar la aplicación de las leyes establecidas.
Por lo tanto, en México no solo hay un proceso de militarización en el que se atienden problemas de seguridad donde se utilizan técnicas de defensa nacional, si no también existe un militarismo por el sentido de secretarías de Estado que le dan a las fuerzas armadas que están por encima de las instituciones civiles, que como decía, se encargan de hacer respetar la ley, misma que no beneficia, o no debería, a ningún partido político en particular. Además de la cantidad de presupuesto que estaría destinado al funcionamiento de este cuerpo.
Es necesario, por tanto, identificar y respetar la división de instituciones profesionales. Que la fuerza armada cumpla con los requisitos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta que solo sean empleadas de manera extraordinaria y subordinada al poder civil. De seguir dándole tareas que no le corresponden, aun y cuando López Obrador afirme que son políticas temporales, será cada vez más difícil destituirlas de esas áreas y tomará tiempo resarcir el daño. Estas decisiones tomadas al calor del fuego y sin una meditación profunda de las consecuencias, no reflejan otra cosa más que la incapacidad del gobierno de realizar las tareas que le corresponden, por lo tanto, no merecen estar ahí. No tenía que ser así, pero estamos a tiempo de impedir que cometamos el mismo error.
