Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
Por lógica y de forma tradicional, los usos y costumbres y el concepto que de ley y justicia se tiene siempre se contraponen, o en la mayoría de los casos se confrontan, o no se entienden o tienen diferentes formas de comunicarse, el caso es que continuamente y ancestralmente, como formas de gobierno, los usos y costumbres pocas veces convergen con el concepto de ley. Las consecuencias de esta confusión nunca han sido buenas.
El levantamiento armado en Chiapas en 1994 por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo su origen o cuando menos el pretexto en el olvido institucional y en la aplicación de la ley en territorios donde los usos y costumbres ejercen de otra forma la ley entendida esta más como actos de justicia que como aplicación de códigos y normas establecidas en libros. Eso no lo entienden todos, no de esa forma.
Para los pueblos originarios, o las culturas tradicionales, o las sociedades de usos y costumbres, la aplicación de la ley del Estado en una injerencia en sus asuntos internos, es una violación a su real o supuesta soberanía o una intromisión a su vida de día a día. Los pueblos indígenas no aceptan, no permiten y no entienden que la ley tiene que ver con los Derechos Humanos, con la igualdad en derechos y obligaciones, con una forma civilizada, moderna y legal de convivencia.
Y no aceptan la ley del Estado porque conocen de la corrupción con que se conducen los jueces, ministros, ministerios públicos y policías y porque su método de castigo es tardado, tortuoso, humillante, costoso y en la mayoría de las ocasiones es estéril. Los pueblos originarios no creen que la ley de Estado haga justicia ni que sus resultados o consecuencias sean justas ni que protejan a la víctima ni que se preocupen de verdad por salvaguardar los bienes e integridad de los individuos.
Para las culturas de usos y costumbres hay un sentido de lógica, igualdad y justicia en su vida común que norman su comportamiento individual y colectivo. Estos conceptos los basan en la idea que tienen del respeto, del valor de la mujer, los niños, los hombres y la autoridad. Quien debe dinero tiene que pagarlo sin regateos ni argucias ni recursos legaloides. Quien golpea tiene que pagar curaciones, pedir perdón, comprometerse a no volverlo a hacer y se le obliga a pagar una sanción o multa de beneficio para el pueblo.
Aquí es autoridad quien más valores y respeto comprobados poseen; en las sociedades de LEYES cualquier rufián puede serlo. Para ser autoridad en los pueblos de usos y costumbres el aspirante debe comprobar servicio experiencia al haber realizado cargos honoríficos en lo social y religioso; en las sociedades de LEYES hasta el más inútil puede ser gobernante y en los pueblos tradicionales no existe la corrupción pues las decisiones y acciones así como el manejo del dinero del pueblo es vigilado por todos pues todos deciden y todos autorizan; en las ciudades o en la modernidad de LEYES los cargos públicos muy bien pagados sirven para robar, para el enriquecimiento personal.
Así es como los pueblos que se rigen por usos y costumbres ven y entienden a la justicia y la ley que consideran que les imponen como yugo y que los vulnera, los desnuda, los vuelve impotentes y los exhiben como pueblos bárbaros, analfabetas, ignorantes… vistas así las cosas, entonces no se entienden, no hablan el mismo lenguaje ni caminan hacia el mismo rumbo.
Cierto es también que en los pueblos de usos y costumbres se violan los derechos humanos, se cometen injusticias, se abusa de poder y se somete a los presuntos culpables a castigos que en las sociedades de LEYES no se permitirían. Sin embargo, para estas formas de hacer justicia los actos ejercidos por la autoridad sí hacen justicia y dejan conformes a las partes; en ellas no medió la corrupción, ni el influyentísmo.
La aplicación o la omisión de la ley siempre va a vulnerar a unos o a otros. El Estado tiene la obligación de llevar ley y justicia para todos, cosa que no siempre hace y no llevarlas lo hace responsable de la violación al estado de derecho. Pero vulnerar los usos y costumbres es también un acto reprobable. Aplicar las normas legales del Estado sin conocer la cultura, idiosincrasia, forma de organización social, conceptos de justicia, sistemas de cargos y derechos de los individuos es, debe ser, un error.
Aplicar las leyes del Estado en los pueblos originarios sin dialogar, sin negociar, sin consensos, sin interlocutores ni traductores, sin acercamientos ni voluntad será siempre una forma de represión para ellos pues así lo entienden. El gobierno debe hacer más uso de la inteligencia que de la fuerza; el Estado puede tener toda la razón que crea tener, pero si no hay respeto y voluntad como principio para el acercamiento con los pueblos entonces habrá siempre un diálogo de sordos y los pueblos siempre serán invitados a una cena de caníbales cuando sean invitados a dialogar.
Si sumamos la ausencia de capacidad de dialogo del Estado al olvido tradicional hacia los pueblos en donde no hay obra, no hay seguridad, ni respeto ni atención y en donde sólo se utiliza a la gente para ganar elecciones, en donde la gente sólo es folklor y curiosidad, entonces estamos hablando de dos mundos distintos con lenguajes de imposible comprensión.
