Redacción
Este día en el Pleno del Senado de República, la legisladora Ana Lilia Rivera, presentó cinco dictámenes con proyecto de decreto para fomentar la Educación Inclusiva, el apoyo económico justo y promover la construcción de viviendas adaptadas con mecanismos de protección para las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad.
Los cinco dictámenes fueron presentados a nombre de las comisiones unidas de Bienestar y Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos Segunda, y aprobados por el Pleno del Senado.
El dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de educación inclusiva, pretende garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación por parte de las personas con discapacidad, mediante la incorporación de este concepto en las disposiciones de la Ley General en la materia.
“Quienes dictaminamos, coincidimos en la aprobación de este asunto, valorando su concordancia con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se establece que los Estados tienen la obligación de crear sistemas de educación inclusiva, que tengan por objetivo la integración de las personas con discapacidad con el resto de la población en todos los niveles de enseñanza, proveyendo de los medios y ayudas necesarias para que se cumpla el propósito social en dichos sistemas”
Asimismo la Senadora de la República Ana Lilia Rivera, presentó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que en las políticas y en los programas de vivienda nacional, se promueva la construcción de viviendas adaptadas con estándares de innovación arquitectónica, con mecanismos de protección para el acceso libre de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad.
También puso a consideración el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VIII y IX, y se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de reconocer el carácter prioritario y de interés público, a los programas dirigidos a cumplir con el apoyo económico para personas con discapacidad, la pensión para las personas adultas mayores y las becas para estudiantes en condiciones de pobreza.
El cuarto dictamen con proyecto de decreto presentado fue para adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que busca fortalecer la política de desarrollo social dirigida a la eliminación de la pobreza, mediante la adopción de los conceptos de «pobreza» y «pobreza extrema» , así como el establecimiento de obligaciones para los servidores públicos en cuanto a las reglas de operación y los aspectos que deberían cubrir los programas de combate a la pobreza.
Enfatizó la Senadora por Tlaxcala Ana Lilia Rivera, que no obstante, tras el análisis de esta propuesta, quienes dictaminaron consideraron conducente su aprobación con modificaciones, mínimas, considerando: añadir en el artículo 19 de la ley, la definición de “reglas de operación” en concordancia con la definición que operativamente emplea la Secretaria de la Función Pública; e incorporar en los artículos 43, 44 y 45, previsiones expresas para que en la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social, se evite la duplicidad de programas y la asignación de beneficios a poblaciones distintas a aquellas para las que fueron diseñados.
Finalmente, Rivera Rivera presentó el dictamen correspondiente a la Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Esta propuesta busca reconocer y garantizar expresamente en la ley, el derecho de acceso a la información para las personas adultas mayores, de forma plural, oportuna y accesible. pues constituye una armonización de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con las disposiciones constitucionales y convencionales que reconocen el derecho de acceso a la información, y que establecen la obligación del Estado de tomar medidas para que todas las personas puedan ejercer ese derecho en igualdad de condiciones.
