Itati Cuahutle
Con más de 400 oficiales, una Coordinación Estatal, así como cuatro estaciones y subestaciones en territorio tlaxcalteca, la Guardia Nacional atendió con mayor frecuencia durante el 2020 los delitos de robos y asaltos en carreteras, con 38 casos.
En ese periodo, Tlaxcala fue el décimo Estado con los delitos más numerosos de ese tipo en los que participó la GN, superado en incidencia por Puebla, Guanajuato, Veracruz, México, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro de Hidalgo.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Guardia Nacional, específicamente en las funciones de gobierno y seguridad pública, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
Para el caso de Tlaxcala, destacaron otras acciones realizadas durante el año pasado como el rescate de 64 personas migrantes, la mayoría de nacionalidad hondureña e incluidos varios menores de edad.
Asimismo, llevó a cabo 76 puestas a disposición ante el ministerio público de probables infractores y responsables de hechos delictivos, y aseguró nueve armas de fuego de diversos calibres.
La Guardia Nacional también registró participación en 216 accidentes en carreteras y puentes de jurisdicción federal.
A nivel nacional, en 2020 la Unidad de Asuntos Internos de la GN recibió 108 quejas y 320 denuncias ciudadanas a través de los mecanismos para la recepción de quejas y denuncias. Además, derivado de la normatividad en materia de régimen disciplinario, se reportó que 600 servidoras y servidores públicos fueron sancionados, 83.2 por ciento fueron hombres y 16.8 por ciento mujeres.
La principal sanción impuesta fue el arresto con 65.0 por ciento. En total, 19 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público derivado de la probable comisión de algún presunto delito.
