Zahr Zuleiman
Aun cuando la Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, aseveró en una entrevista reciente que el ITE cuenta con los recursos presupuestados para pagar el adeudo a trabajadores eventuales del pasado proceso electoral, exfuncionarios revelaron que les han obligado a firmar los comprobantes de todas las quincenas, pero sin pago de por medio.
La promesa a quienes operaron como funcionarios electorales en Consejos Distritales y Municipales, es que les pagarán lo correspondiente, pero a cambio se necesita que firmen los comprobantes de todo el periodo, incluida la primera quincena de junio, la cual no han recibido físicamente.
Por temor o necesidad, hay quienes han accedido a ese condicionamiento sin la certeza de que recibirán su dinero, a pesar de que hay personas entre esos exfuncionarios que contaban con el recurso para alguna atención médica u otro compromiso, incluso hubo quienes laboraron en estado de gestación y no ven justo que no obtengan sus emolumentos.
Incluso, en su momento los Consejeros Electorales hablaron de una compensación a los trabajadores eventuales, pero este seguramente no será autorizado por las condiciones administrativas del organismo autónomo que, entre otras cosas, tiene que cumplir con obligaciones fiscales.
Personal eventual que se dirigió a este medio, lamentó que en el ITE los altos mandos continúen “jineteando” el dinero y no atiendan a tiempo sus responsabilidades, lo cual habla de la deficiente organización interna que hubo.
Sobre el tema, en entrevista con un medio de comunicación estatal, la Presidenta del ITE, Elizabeth Piedras, aseguró que la liquidación para cerca de mil 500 personas está garantizada, entre quienes fungieron como capacitadores auxiliares electorales, supervisores electorales, consejeros electorales municipales, distritales y en los diversos programas, como el de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Es más, negó que exista omisión o dolo de parte de los integrantes del órgano electoral, pues aseguró que se trata de cuestiones administrativas que buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de fiscalización.
