Por José Orlando Isidro Ramos
Dirigente Estatal del Movimiento Antorchista en Tlaxcala
El SARS-CoV-2 está a unos días de alcanzar ciento veinte mil muertes, cifra que duplica el “escenario catastrófico” señalado por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, con sesenta mil defunciones. Las cifras son contundentes al mostrar la incapacidad del Gobierno Federal para contener la pandemia; incapacidad que nos tiene entre los primeros lugares a nivel mundial por el número de muertos por la Covid-19.
La 4T condenó a los mexicanos a sufrir una doble crisis, la sanitaria y la económica. Condenó a más de doce millones de mexicanos a engrosar la población que vive en condiciones de pobreza extrema, sin posibilidades de garantizar su alimentación, sin acceso a la atención sanitaria, con graves limitaciones económicas para cubrir el costo de los servicios públicos debido al desempleo, a la reducción de salarios y a la falta de oportunidades para encontrar trabajo.
La pandemia en ningún momento se ha “domado”, por el contario se agudiza. Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, señaló que “México, como otros países en Norte América nunca realmente salieron de su primera ola” y que “es probable que los países que tienen actualmente una intensa transmisión comunitaria la intensifiquen” (El Financiero. 18/12/20). Juan Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública señaló que alrededor del veinticinco por ciento de la población, 31 millones de mexicanos, “ya estuvo en contacto con el coronavirus SARS-CoV-2”, lo que quiere decir que “muchos somos asintomáticos y por lo tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta” (Jorge Monroy, El Economista. 15/12/2020). Esto explica porque la semana del catorce al dieciocho de diciembre, acumuló 51,502 nuevos contagios, más de diez mil contagios por día, según los reportes de la Secretaria de Salud, sumando a la fecha 117,249 muertes por Covid-19 y un millón 301 mil casos de contagios confirmados. El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé un incremento de defunciones que pueden llegar entre “136,895 y 159,102” para marzo de 2021 si la “gente continua relajando las medidas sanitarias o de distanciamiento social” (Infobae. 21/11/2020). Tedros Adhanom, director general de la OMS, señaló que “los números muestran que el país está en una mala situación” por lo que llamó al gobierno de México “tomar la situación con seriedad porque atraviesa condiciones preocupantes”.
El fracaso en el manejo de la contingencia sanitaria comienza desde las afirmaciones personales que realizó López-Gatell sobre el coronavirus; entre las perlas de su negligencia destacan: “virus de agresividad leve”, “un asintomático no necesita cuarentena alguna”, “la enfermedad se va a curar espontáneamente”, “no se necesitan hospitales especializados”, “de nada sirve saber que una persona tiene coronavirus… porque no existe tratamiento específico en el mundo entero”, “las pruebas diagnósticas por laboratorio no son útiles para propósitos de la atención médica”, “usar cubre bocas tiene nula utilidad”. Aseveraciones hechas sin evidencia científica. “Quédate en casa”, “Susana distancia”, “lavado frecuente de manos” se relegaron junto con el fallido modelo de vigilancia Centinela dando paso a la “nueva normalidad” y al seguimiento de la pandemia con la semaforización por Estados.
Como resultado de la nueva normalidad tenemos más contagios, más muertes y un sistema de semaforización cuyo color es “hasta cierto punto intrascendente”. ¿Hasta qué punto es intrascendente?, al punto en el que hay intereses económicos y políticos que explican los “semáforos verdes” o la oposición a declarar la contingencia en “rojo” por sobre la vida de miles de mexicanos. La incompetencia de López-Gatell y del gobierno de la 4T llega al grado de responsabilizar del fracaso de su política sanitaria a las víctimas de la pandemia, a la supuesta desobediencia de los mexicanos a seguir las medidas sanitarias, medidas que el Gobierno jamás quiso ni ha querido poner en práctica.
Por su parte, el presidente de México, fuera de sus falacias en torno a la pandemia y de su falta de responsabilidad al no seguir las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no implemento las políticas públicas ni destinó los recursos necesarios para atender las necesidades de equipamiento médico e infraestructura hospitalaria, no brindo apoyos para evitar la quiebra de pequeñas y medianas empresas, no tomó medidas que permitieran contener el desempleo masivo y la pérdida de salarios entre la base trabajadora, no implementó ayuda económica o alimentaria para garantizar el confinamiento domiciliario, dando lugar a una crisis económica que amenaza con profundizarse si se declara un nuevo confinamiento, por el necesario paro de los sectores productivos.
El panorama en torno al avance de la pandemia es preocupante: se acelera el número de contagios y aumenta el número de muertes por la Covid-19. Los trabajadores de la salud ya denuncian la saturación de los hospitales, la falta de personal médico, falta de respiradores artificiales, camas disponibles para atender a los enfermos. Pese a la situación crítica de la pandemia López Obrador no ha querido destinar los recursos que requiere la atención de la población contagiada y se opone a adoptar las medidas preventivas que mitiguen las cadenas de contagio, argumentando que “su aplicación no es obligatoria sino absolutamente voluntaria”, como muestra de respeto a la libertad de los ciudadanos de un gobierno “democrático”. Retórica conmovedora que no muestra resultados.
Es el pueblo mexicano el que está condenado ante la actuación negligente del gobierno, así que es entonces el pueblo el que tiene que exigir que su derecho a la salud y a la vida sea garantizada por su gobierno “democrático”. Los mexicanos tienen derecho a pruebas gratuitas de detección de Covid-19 cuando tengan sospecha de contagio para descartar que se es asintomático y por lo tanto agente de contagio; debe haber acceso irrestricto a los medicamentos para tratar el contagio; el sistema de salud debe garantizar la atención de los casos con síntomas graves; se debe implementar un seguro de apoyo económico para las familias que tienen uno o más integrantes contagiados; la población debe tener acceso a la información más amplia posible para prevenir o atender a las víctimas por contagio. Si el gobierno adopta estas condiciones y las pone a disposición de toda la población, puede decir que el ciudadano es libre para atenderse o no, será su decisión, pero si el pueblo demanda estos servicios y no están disponibles, los discursos de libertad y democracia no son más que palabrería barata. Y pues, somos libres para el que quiera comprarlas a costa de miles de muertes más.
