En el contexto actual de la educación ¿Se estudia igual en la pobreza? (Segunda Parte)

Yorvelin Montalvo Solano

Ante esta situación que enfrenta el sistema educativo mexicano, en una evidente desigualdad tecnológica para el aprendizaje actual que, aunque el programa “Aprende en Casa II”, según lo dicho por el titular de la SEP Federal, se haya establecido por medio de la TV, lo cierto es que los docentes, por la deficiencia de los programas de televisión y, por consiguiente, de los malos resultados ante la ausencia de una guía para su acompañamiento en el aprendizaje, se ven a la necesidad de utilizar otras herramientas como computadoras, celulares e Internet, pero, como ya lo decía anteriormente, no todos los estudiantes cuentan con esas herramientas. Y no son sólo los estudiantes quienes carecen de estas herramientas, sino que hay un número considerable de docentes que enfrentan también esta desigualdad, desde aquellos que no cuentan con internet local (aunque parezca absurdo para algunos), hasta quienes carecen del conocimiento en el uso de las diferentes herramientas y programas para hacer uso de ellas y acompañar a sus estudiantes en su aprendizaje.

Así, el panorama de la educación nacional, se torna cada vez más adverso tanto para estudiantes como para los docentes. Y por mucho alago y reconocimiento que se haga a través de los medios de comunicación y por la misma población hacia los estudiantes y maestros que, aun con las limitaciones a las que se enfrentan, han ideado algún mecanismo para enfrentar este nuevo reto: en el caso de los estudiantes, desde aquellos que ofrecen internet (acción muy loable) para quienes no lo tienen, hasta quienes salen a lugares en donde existe “internet público” (que por cierto no todos funcionan y el servicio es de muy mala calidad) para tomar sus clases y hacer sus tareas; en el caso de los maestros, desde aquellos que tienen que hacer kilómetros de caminata para llevarles cuadernillos o actividades a los estudiantes o bien, sin saber utilizar los programas de internet o la computadora, con toda actitud de asumir su responsabilidad de educador, hacen frente a lo desconocido, ganándose así el aplauso y reconocimiento de la población, acentuando el dicho popular “el que quiere, puede”, no importando su condición de pobreza. Pero, ¿esto debería de pasar en un Estado de derecho, de “igualdad” y que tiene como lema “por el bien de todos, primeros los pobres”?

Sin embargo, la cuestión no termina aquí, pues, por el otro extremo, la economía del país va de picada. Un decrecimiento evidente nos asalta (la peor crisis económica mexicana desde hace 100 años, así lo anuncia también el Dr. Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público) y organismos nacionales e internacionales prevén caídas que van desde -7.5% hasta el -11%: el Banco Mundial, -7.5%; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), -8.6%; el Fondo Monetario Internacional (FMI) -10.5% y Prognosis -11%, por mencionar algunos. Pero otros calculan una caída de has -18%. Es decir, una crisis económica en nuestro país es inminente, con un pronóstico de recuperación en cuatro años, lo que traerá consigo una agudización de la pobreza y la desigualdad, pues esta crisis se manifestará en el incremento de la delincuencia, desempleo, bajos salarios que golpeará en los bolsillos de las familias ya empobrecidas, haciendo más difícil que los estudiantes en estas condiciones puedan continuar con sus estudios.

Pero, ¿qué se está haciendo para atacar estos problemas desde su raíz? ¿Las medidas hasta ahora tomadas por la SEP garantizarán realmente que los estudiantes alcancen en lo mínimo su nivel de aprendizaje? Daré algunos datos para saber hasta dónde esto es posible. Primero, no se puede arriesgar con la educación de esta manera cuando al mismo tiempo nos estamos enfrentando a una crisis económica que no solo no permitirá que se doten las herramientas tecnológicas necesarias a toda la comunidad estudiantil que carece de ellas, incluido el internet (un grito de auxilio de la

juventud mexicana, como lo está haciendo la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez –FNERRR-).

Veamos pues. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su “análisis de los programas prioritarios al primer año de la Administración 2018-2024”, de los 17 programas sociales prioritarios que se impulsaron en 2019, que tienen como uno de sus objetivos centrales “apoyar” a los sectores de la población más vulnerables y “reactivar” la economía desde la base y para “todos”, encaminadas para la atención de la mejora educativa, el bienestar económico, el bienestar social y la mejora laboral, cuya población objetiva (PO) son personas con discapacidad, población residente en zonas rurales, estudiantes, microempresarios y jóvenes, entre otros, han reducido a un total de 15 programas en 2020 (CONEVAL). Los cuales, de acuerdo a este organismo, algunos no tienen claridad sobre cuál es su PO ni de la problemática que buscan resolver, pero, además, tienen dificultades importantes en la definición de los indicadores adecuados para monitorear los logros alcanzados en su PO. Por tanto, dichos programas, de principio, no están bien enfocados para atender los problemas reales de la población, mucho menos garantizan que los que reciben estos apoyos resuelvan sus problemas.

Más aún. Estos programas quedaron a cargo de 7 dependencias federales y, entre ellas, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaria de Bienestar (Bienestar) obtuvieron mayor asignación de los 131.8 mil mdp asignados a los 17 programas, tan solo la STPS, encargado de coordinar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, recibió 40 mil mdp (30.3%). En cambio, en educación, la SEP tiene asignado solo el 17.1% de dicho presupuesto, distribuido en 3 programas: “Universidad para el Bienestar Benito Juárez García”, “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, y en éste último no hay claridad sobre su PO, mucho menos del problema que quieren resolver, pero es, según el Coneval, el mismo caso de la mayoría de los programas. Es decir, no apoyan la mayor parte de la población más vulnerable y tampoco resuelven sus problemas, peor aún, no garantizan reactivar la economía del país.

Por más optimismo del presidente, la realidad nos da de bofetadas con una crisis económica, con más de 10 millones de desempleados, crisis en el sistema de salud acompañado de políticas de intervención ante la pandemia que no da tregua ante el crecimiento de contagios y muertes (hasta el momento del escrito, suman 67 mil muertos), aumento en la cifra de robos, asaltos y delincuencia, baste decir que, ante ésta última situación, el pueblo ha decidido tomar justicia por su propia mano, y no es mi intención justificar a los que comente este tipo de actos, pero es la misma realidad que los orilla a este actuar para llevar el sustento a su hogar, acción que es juzgada a su arbitrio por la población en general y que los medios de comunicación condenan subjetivamente. Y, sin ser pesimista, este puede el escenario de muchos estudiantes si se les sigue condenando a la pobreza y sin atender sus necesidades urgentes, por más que en el informe del gobierno federal se diga lo contrario.

Se necesita pues, en lugar de ataques, linchamiento mediático y político del gobierno federal, una política social seria y efectiva, así como impulsar políticas públicas que garanticen verdaderamente el bienestar de la población: más trabajo, salario bien remunerado, mayor inversión económica en la educación para mejorar la infraestructura y equipar las escuelas con herramientas tecnológicas; en la salud, aplicar pruebas masivas y detectar los focos de infección y tomar medidas serias de restricción y poder controlar así la pandemia, para que pronto los estudiantes regresen a sus aulas. Aquellos que están promoviendo la “consulta ciudadana” –me pregunto, ¿qué sector de la sociedad? – para enjuiciar a expresidentes, ¿han considerado también promover una consulta para saber con objetividad cuáles son las necesidades y problemas que viven las personas en condición de pobreza y qué apoyos realmente necesitan en su hogar y sus comunidades? Y, si los programas,

como las becas Benito Juárez resuelven realmente las necesidades de los estudiantes. Quisiera verlo.