Oposición a la 4T rechazó reducir 50 % el financiamiento a partidos políticos
PT, PAN, PRI, PRD, PVEM votaron en contra, Morena y Encuentro Social a favor
Los Diputados de Tlaxcala, Silvano Garay Ulloa, José de la Luz Sosa Salinas, Carlos Carreón Mejía y Adriana Dávila Fernández en contra.
Redacción/Zahr Zuleiman
Los partidos aliados de la Cuarta Transformación y la oposición rechazaron el proyecto que proponía reducir en 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos, al no lograrse dos terceras partes de los Diputados y Diputadas para lograr la reforma constitucional.
El jueves 12 de diciembre, la Cámara desechó el dictamen que buscaba reformar el artículo 41 de la Constitución Política, con 274 votos a favor, cero abstenciones y 207 en contra.
El documento planteaba que el financiamiento público para los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijara anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El 30 por ciento de la cantidad que resulte se distribuiría entre los partidos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Para nadie es ajeno que el modelo de financiamiento imperante es el resultado de una serie de reformas constitucionales realizadas sobre la base de un sistema con un partido dominante y en el contexto de una naciente oposición partidista.
Dicho modelo tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.
En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25 por ciento en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.
Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.
Añadió que en la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.
De este modo, explicó, hoy se tiene un sistema de financiamiento mixto; es decir, los partidos pueden recibir prerrogativas del Instituto Nacional Electoral como financiamiento público, y privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
En lo que respecta al financiamiento público directo, existen tres vías para otorgarlo: por actividades ordinarias, por gastos de campaña en año de elecciones y por actividades específicas.
Las actividades ordinarias, que son motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, añadió, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.
El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30 por ciento se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.
Mencionó que el problema no es que exista financiamiento público, sino que las erogaciones por este concepto representan un alto costo para la ciudadanía, lo que genera un incremento del descontento social y acentúa la falta de confianza en estas entidades de interés público.
En el ámbito mundial el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) señaló que ésta es una oportunidad histórica para terminar con el dispendio de los partidos. Dijo que es necesario hacer del gasto público una herramienta de transformación social y que los recursos recaudados se dirijan al pueblo y a la atención de sus necesidades.
