Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
El problema que se trae la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, o los dueños de placas concesionadas para el servicio de taxi, con los grupos organizados como Cabyfi, PRONTO o UBER parece más un asunto de intereses y político que legal.
Algo por ahí dice que el pleito es más por defender compromisos económicos que desde hace mucho tiempo y por costumbre, han arreglado modos y formas en el sector. Los líderes de las líneas del transporte público han sabido negociar, siempre, y con un entre bastante interesante, el tema de los aumentos al pasaje, la entrega de placas, las rutas y hasta las revistas. Eso lo dicen los mismos concesionarios, los que han tenido que entrarle con su cuerno si es que desean seguir en el negocio.
Y en ese negocio nadie, absolutamente nadie da brinco sin huarache. Ni autoridades de SCTE, ni dirigentes de organizaciones, ni concesionarios ni gente de tránsito estatal y municipal son hermanos de la caridad como para hacer las cosas por amor al prójimo. En este asunto se mueve mucho dinero, enormes fortunas, tanto que permiten la existencia de los abusos de ATAH, Flecha Azul y las que se le acurran.
Luego entonces, la existencia de nuevos grupos, nuevas ideas en el sector, gente emprendedora, jóvenes con visión y opciones en el servicio viene a romper los negocios o esquemas que NO son injustas. Tal vez no sean legales pues las leyes las han hecho a modo, pero de ninguna manera son motivo de persecución, satinización, violencia y prohibiciones. Lo único que hace falta es encuadrar esa nueva forma de trabajo, legalizarla, normarla, encauzarla. Prohibirla es negarle oportunidades a quienes sólo buscan obtener un ingreso de manera honrada. Tal vez no legal pero sí honrada, honesta y humilde.
Lo que hace falta es abrirles los ojos a los propietarios de taxis que mantienen un añejo y obsoleto sistema de servicio para que busquen alternativas que atraigan a los usuarios. Ya la forma de estarse asoleando, jugando barajas o hasta ingiriendo bebidas embriagantes no opera. El que consideren que el espacio público en el que se forman por horas les pertenece y ahuyenten a quien se atreva a ocupar ese ESPACIO DE TODOS incluso hasta con violencia; eso no les favorece.
Los precios que cobran por “la dejada” son injustos. Es muy caro ocupar un taxi de sitio con esta tarifa autorizada o no. A veces por unas cuantas cuadras, de cinco a ocho por decir algo, cobran hasta 80 pesos. Y experiencias y testimonios hay muchos… también el usuario habla de malos de tratos de algunos, muy pocos, choferes de taxi, quienes consideran que le hacen un favor a las personas por llevarlas a su destino.
Las tres plataformas de servicio de pasaje no son malas. Incluso se consideran proyectos de vanguardia, empresas muy prósperas, ideas geniales. Pero además, esta forma de trabajo está protegida por la Constitución General de la República que establece que todo mexicano puede dedicarse a lo que quiera siempre y cuando su empleo sea lícito. Nada por encima de la Constitución y por otro lado, en donde está lo ilegal si de lo que se trata es, por un lado, innovar y por el otro, obtener un ingreso de forma legal.
Creo que no se trata de ajustar el servicio a la ley, sino la ley a las nuevas necesidades de transporte y movilidad y abrir los espacios a las nuevas ideas de negocios. El gobierno, en todos sus niveles, habla de iniciativa, de autoempleo, de emprendedurismo y de otros rollos que tienen que ver con echar a andar la imaginación para comer. Qué contrariedad del discurso, qué diferentes puntos de vista puede crear el interés…
