Destapan red de corrupción del notario de Huamantla, tierras ejidales las pasa por propiedad privada
Quedó evidenciado firmas falsas, duplicadas o de personas inexistentes, por lo cual se abrió posteriormente otra averiguación previa, la 194/2017.
Gerardo Santillán
El Notario Público Número 1 de la demarcación de Juárez con sede en Huamantla, Carlos Ixtlapale Pérez, llevó a cabo una falsa asamblea de dominio sobre el ejido San Luis Huamantla para convertirlo en propiedad privada, que después vendió y él mismo compro, enriqueciéndose con una vasta extensión territorial en ese municipio.
En complicidad con magistrados y otras autoridades que se aprovecharon de la ignorancia de la mayoría de las personas, también hicieron gala de abuso de autoridad y confianza.
La red de corrupción quedó descubierta por la batalla legal que sostiene el ejidatario Rafael Cervantes, en defensa de dos parcelas de su propiedad y que quedó demostrado con falsas firmas, a través un peritaje de grafoscopía, caligrafía y grafometría ejecutado por la Procuraduría General de la República (PGR):
Lo anterior, da cuenta de cómo el notario avaló una supuesta asamblea de ejidatarios en octubre de 2002, con el objetivo de fraccionar para su venta 61 parcelas que en total representan 200 hectáreas colindantes con los servicios urbanos de la ciudad de Huamantla.
Con esta trama legal tanto el propio notario en contubernio con el presidente y secretario del ejido San Luis, Sergio Hernández Galindo y Juan Tomas Romero Saldaña, respectivamente, compraron a precios burlescos dichas parcelas, que poco a poco han vendido a precios exorbitantes.
Sobre todo con la llegada de AUDI en el vecino municipio de Puebla, San José Chiapa, que aumenta la plusvalía de la zona, incluso, ya se observan áreas habitacionales y bodegas en dichos terrenos.
El afectado explicó que la falsa asamblea 2002 se justificó con la participación de más de 950 ejidatarios de los mil 500 en total, sin embargo, prácticamente eso era imposible porque muchos propietarios ya habían muerto, otros no estaban en Huamantla e históricamente las asambleas nunca llegan a juntar a más de 250 personas, por lo que el servidor público actuó con dolo al emitir la escritura de propiedad privada de marzo de 2003.
Como ejidatario, Rafael Cervantes señaló que tanto la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) como el Tribunal Agrario Unitario número 33 con sede en Tlaxcala se coludieron, al acreditar un procedimiento viciado de origen y porque sin justificación legal a la segunda dependencia le llevó 3 años para radicar el juicio de protección de tierras a cargo del interesado, hasta que se abrió la averiguación previa 23/2015, para anular la asamblea.
“El peritaje de la PGR es prueba suficiente para echar abajo los actos notariales, si bien solo cinco ejidatarios aceptaron comparecer con sus firmas, con una sola que resulte falsa es motivo suficiente de anulación; sin embargo, en total mediante un peritaje particular, logramos demostrar que 475 de las 950 firmas resultaron dubitables o falsas. Con toda sinceridad, creo que ahora es el Tribunal Agrario Unitario el que encubre al Notario Ixtlapale”.
